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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó ayer su apoyo a un esfuerzo bipartidista para mejorar un sistema nacional de verificación de antecedentes para la compra de armas, en medio de llamados urgentes a una reforma a raíz del tiroteo en una escuela de Florida.

“Mientras las discusiones están en curso y se están considerando revisiones, el presidente apoya los esfuerzos para mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes”, indicó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

Trump se ha visto sometido a una presión cada vez mayor para tomar medidas, después de que el miércoles un adolescente identificado como Nikolas Cruz, exalumno de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, abriera fuego en los pasillos del establecimiento educativo matando a 17 personas.

Cruz, de 19 años, compareció ayer ante un tribunal de Fort Lauderdale, para una audiencia técnica, en la que no habló. Fue su primera aparición pública desde que fue detenido sin derecho a fianza por cargos de asesinato premeditado.

El adolescente había obtenido la autorización para comprar su arma, un fusil semiautomático, a pesar de tener antecedentes policiales de comportamiento violento.

Estudiantes que sobrevivieron al ataque han llamado a una marcha en Washington para exigir cambios en las leyes de armas de Estados Unidos, desafiando a Trump y a la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Sanders dijo que Trump había hablado con los senadores Chris Murphy (demócrata) y John Cornyn (republicano), patrocinadores conjuntos de un proyecto de ley para establecer una base de datos nacional, exigiendo a los Estados y las agencias federales que informen con más frecuencia sobre delitos que impedirían que un individuo compre un arma.

Se trata, no obstante, de una solución técnica limitada, que deja sin resolver el problema más amplio de las permisivas leyes de armas bajo una enmienda constitucional que protege el derecho a portarlas.

Una gran debilidad

Normalmente en lados opuestos del debate sobre armas, los republicanos y demócratas se unieron en noviembre después de que un hombre irrumpiera en una iglesia de Texas para matar a 26 personas, en uno de los tiroteos masivos más mortíferos de la nación.

Ese tirador, Devin Kelly, pudo comprar armas a pesar de una condena por violencia doméstica que lo llevó a ser expulsado de la Fuerza Aérea y que, por ley, debería haberle impedido comprar o poseer armas de fuego.

Pero la condena no estaba en el registro de verificación de antecedentes judiciales, lo que expone una gran debilidad en el sistema.

Después de tiroteos masivos anteriores, Trump ha hablado poco sobre las armas, centrándose en cambio en la salud mental de los tiradores. Tras el ataque del 1 de octubre en Las Vegas, que dejó 58 muertos, solo dijo: “Hablaremos de las leyes de armas con el paso del tiempo”.

Luego del tiroteo en Parkland, enfatizó en la necesidad de lidiar con problemas de salud mental, al tiempo que culpó al FBI por dejar pasar señales de advertencia sobre el tirador.

Chuck Schumer, el líder demócrata del Senado, indicó que el presupuesto presentado por Trump para 2019 reduciría el dinero destinado al programa de verificación de antecedentes.

Ni siquiera uno de los tiroteos mas impactantes de los últimos años -el ataque de 2012 a una escuela primaria de Connecticut que dejó 20 niños y seis adultos muertos- trajo grandes cambios legales.

Connecticut y un puñado de otros estados endurecieron sus leyes de armas.