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Amnistía Internacional (AI) dedica en su último informe un extenso capítulo a Venezuela en el que se señala que cientos de personas fueron detenidas de forma arbitraria, se recibieron numerosas denuncias por malos tratos contra manifestantes y aumentaron las peticiones de asilo en otros países.

“Las fuerzas de seguridad continuaron empleando fuerza excesiva e indebida para dispersar protestas”, se indica en el informe 2017/18 al referirse a las manifestaciones antigubernamentales que se desarrollaron entre abril y julio del año pasado y que dejaron al menos 120 fallecidos y más de 1000 heridos.

AI echa mano de los datos de la ONG local Foro Penal Venezolano que, en el contexto de las protestas, informó que se detuvo a 5.341 personas, de las cuales se juzgó a 822 y a 726 de ellas -que eran civiles- se las sometió a jurisdicción militar y se les acusó de delitos militares por manifestarse contra el Gobierno.

“Al terminar el año permanecían recluidas en espera de juicio 216 personas”, se indica en el informe. En cuanto a los fallecidos, recuerda que la Fiscalía General, dirigida por la ahora depuesta Luisa Ortega, denunció excesos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas, en las que murieron varios manifestantes.

Redadas ilegales

Se produjeron, en los meses de protestas “al menos 47 redadas ilegales en múltiples comunidades y viviendas en 11 estados del país”, unos operativos que, dice el reporte, “se caracterizaron por el uso ilegal de la fuerza” y “detenciones masivas arbitrarias”.

En este escenario también hubo grupos armados “que hostigaron e intimidaron a residentes durante las redadas”.