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  • AFP

El Senado estadounidense aprobó este miércoles un proyecto para combatir el tráfico sexual que permite a las víctimas demandar judicialmente a sitios web que promueven o facilitan esa explotación.

Por 97 a 2 los senadores confirmaron una votación anterior de la Cámara de Representantes y ahora el texto deberá ser promulgado por el presidente Donald Trump para entrar en vigor.

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El senador republicano Rob Portman, promotor del proyecto de ley, saludó la votación de la cámara alta como "una victoria para los sobrevivientes de la trata de personas" y de los esfuerzos "por ayudar a detener la venta de mujeres y niños en línea".

"Por demasiado tiempo, actores malintencionados como Backpage se escondieron detrás de una anticuada ley que facilitaba el tráfico sexual en línea de niños", comentó a su vez la senadora demócrata Claire McCaskill. "Pero eso se termina hoy", agregó.

Backpage y otros sitios web han sido acusados de facilitar la explotación sexual, incluyendo la prostitución y la trata.

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Trump aplaudió la aprobación del proyecto de ley, que puede contribuir a "terminar con la esclavitud moderna en todas sus formas", según señaló la Casa Blanca.

"El presidente y la totalidad de su gobierno están firmemente comprometidos a que quienes participan en estos horrendos crímenes rindan cuentas", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

El Departamento de Justicia, al tiempo que apoyaba la intención de los promotores del proyecto, había expresado preocupaciones sobre su contenido.

El Centro por la Democracia y la Tecnología estimó que el proyecto puede crear "confusión" sobre las responsabilidades penales y civiles de los estados y la Unión y podría conducir a formas de censura de los contenidos de sitios web.

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La nueva legislación enmendaría una norma vigente desde 1996, la Sección 230 de la Communications Decency Act, y anularía la inmunidad que ese texto ofrece a las empresas en línea en lo relativo a su responsabilidad civil.

Portman y otros legisladores argumentaron que la Sección 230 nunca tuvo como objetivo proteger a las empresas que facilitan el tráfico sexual de personas.

Los críticos del texto aprobado objetan, en cambio, que puede poner en riesgo a distintos sitios, como las aplicaciones de citas, plataformas de medios sociales y otros servicios que hospedan contenidos generados por sus usuarios, y podría promover formas de censura.

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