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La influyente Iglesia Católica de México reclamó al gobierno “protección” para sus sacerdotes, luego de que un prelado difundió el nombre de una localidad donde supuestamente vive el prófugo Joaquín ”el Chapo” Guzmán, el narcotraficante más buscado del país.

“En varias partes del país (los sacerdotes) han sido intimidados o amenazados, en relación a la creciente ola de violencia que, desde hace varios años viene cobrando innumerables vidas”, indicó un documento de la Arquidiócesis de México, difundido ayer jueves.

La cúpula católica de México, el segundo país con más fieles de esa religión en el mundo, detrás de Brasil, sostuvo que el Arzobispo de Durango, monseñor Héctor González, identificó el sitio donde viviría ‘el Chapo’ Guzmán “pensando en la seguridad de los sacerdotes”.

González dijo el viernes pasado que “más adelante de Guanacevi (Durango), por ahí vive ‘El Chapo’, todos lo sabemos, menos la autoridad”.

Guzmán, líder del poderoso cártel de Sinaloa y fugado de una cárcel de máxima seguridad en 2001, es considerado uno de los multimillonarios del mundo por la revista Forbes, que estimó su fortuna en mil millones de dólares.

Además, integra una lista junto a cabecillas de otras organizaciones criminales por los que el gobierno mexicano ofrece una recompensa de unos dos millones de dólares por datos sobre su paradero.

De su lado, la Procuraduría General de la República, a través de su delegado en Durango, Francisco Cabrera Oliver, dijo no tener “ningún indicio” de la presencia del narcotraficante en ese estado.

La respuesta narco

Tras la denuncia del obispo, dos militares aparecieron asesinados el miércoles en Durango, y junto a sus cadáveres se encontraron mensajes con la leyenda: “Con ‘el Chapo’ no van a poder gobiernos ni curas”, según la prensa, aunque no se ha confirmado oficialmente.

“Nos preocupa la seguridad de nuestros obispos, sacerdotes y fieles, pero es obligación de la Iglesia alzar la voz contra de aquellos criminales que dañan la sociedad, aunque sacerdotes y militares pongan en riesgo su vida en medio de la impunidad”, dice el documento “Narcotraficantes, en la puerta del infierno”.

Unos 36,000 militares participan de una ofensiva contra los cárteles de la droga, cuyas disputas por el control del mercado local y el trasiego hacia Estados Unidos han dejado más de 7,300 muertos desde 2008.