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  • EFE

El relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Tortura, Nils Melzer, aseguró hoy que en Argentina hay una "generalizada, persistente y seria" violación de la Convención contra la Tortura por las condiciones "incompatibles con la dignidad humana" en las que están numerosas cárceles.

En una rueda de prensa en Buenos Aires, Melzer presentó un duro documento de conclusiones de la visita que inició el pasado 9 de abril al país austral para recopilar información acerca de centros de detención y psiquiátricos, de cara al informe final que remitirá en marzo de 2019 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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"El país ha recorrido un largo camino desde el oscuro período de la dictadura militar. Sin embargo, tengo la impresión de que parte de la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad", aseveró.

 

En ese sentido, consideró que, si no se toman medidas urgentes, Argentina puede regresar a "un círculo vicioso, con una sociedad más dividida, marcada por la indiferencia y el abuso".

El relator puso especial énfasis en la sobrepoblación de las prisiones y comisarías del país, en las que el 60 % de las personas privadas de libertad se encuentra detenida preventivamente y señaló que las mismas autoridades provinciales y nacionales con las que se reunió confirmaron "graves deficiencias" para agilizar los procesos penales.

En ese sentido, señaló que algunos casos de prisión preventiva "excesivamente prolongada" que pudo ver "pueden constituir trato cruel, inhumano o degradante".

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"Pareciera haber un claro endurecimiento de la política penal en respuesta a las inquietudes de la población en materia de delitos violentos, lo que provoca un pronunciado incremento de los niveles de reclusión y un dramático deterioro de las condiciones de detención", apuntó.

Esto hizo que la población carcelaria del país prácticamente se triplicase en las ultimas dos décadas, "lo que resulta en una situación crónica de sobrepoblación", insistió. Melzer visitó numerosos centros de la capital argentina y las provincias de Buenos Aires, Córdoba (centro) y Formosa (noreste) y afirmó que, en muchos de ellos, halló a presos en condiciones que podrían considerarse "tortura y otros tratos o penas crueles".

Por ejemplo, en una cárcel de la provincia de Córdoba encontró diez reclusos por celda que permanecen encerrados durante 16 horas por día, sin luz artificial y sin espacio, que "orinan y defecan en recipientes plásticos, excepto durante dos períodos de cuatro horas diarias cuando (...) pueden acceder a un pasillo estrecho".

En centros de todas las provincias pudo ver hombres y mujeres que duermen en el suelo y "sobre el elástico desnudo de las camas de metal" o celdas "infestadas" de insectos y ratas y mal ventiladas e iluminadas.

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En algunas, los grifos no funcionan, "obligando a los detenidos a tomar el agua de los inodoros que utilizan para orinar y defecar", denunció.

Por otro lado, el relator de la ONU reveló que se reunió con comunidades indígenas y habitantes de barrios marginales que denunciaron violencia policial durante manifestaciones pacíficas o como forma de acoso o intimidación.

Muchos señalaron cómo las fuerzas de seguridad recurrían a palizas, "incluso sobre personas esposadas" o a técnicas de asfixia conocidas como "submarino".

También se mostró "impactado" por la situación de los pacientes del hospital psiquiátrico Dr. Alejandro Korn, en la ciudad bonaerense de La Plata, especialmente de los que permanecen en el área de "Agudos", que consideró que debe cerrarse "de inmediato".

"Se encuentran sometidos a condiciones degradantes. El edificio, literalmente, se cae a pedazos, las instalaciones sanitarias están rotas y los baños sucios e inundados", señaló.

Además, para paliar la escasez de personal, "supuestamente se obliga a algunos pacientes a tomar medicación en exceso" e, incluso, quienes están en condiciones de hacerlo, "ayudan a aquellos con discapacidades más severas a cambiar sus pañales".

"Las condiciones de detención que acabo de describir violan las normas internacionales y son totalmente incompatibles con la dignidad humana", insistió Melzer, quien apeló a las autoridades argentinas a comprometer los recursos necesarios para mejorarlas, aplicar medidas de detención alternativas y asegurar que las personas sean tratadas con dignidad.

Es una "cuestión de emergencia humanitaria", aseveró.