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Manifestaciones en la calle y mensajes en la red denunciaron ayer, por tercer día consecutivo, la sentencia que condenó este jueves a cinco hombres por abuso sexual y no por violación a una joven, a la que agredieron en grupo en los Sanfermines de 2016. 

Miles de personas se manifestaron de nuevo en la ciudad de Pamplona —donde se produjo la agresión— contra esa sentencia que condenó a los cinco hombres, que se hacían llamar “la manada”. 

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La manifestación estaba convocada por diversos colectivos feministas que mostraron su desacuerdo no solo con el actual Código Penal, sino también con la interpretación que hicieron los jueces y con el modelo patriarcal, que sitúan como el origen del problema.     

La sentencia de la Audiencia de Navarra del pasado 26 condena a los cinco acusados a nueve años de prisión por abuso sexual continuado al entender que los abusos se produjeron sin el consentimiento de la joven, pero no se dio uso de la violencia ni intimidación, condiciones para que se considerara agresión sexual (violación), según la ley española. 

La marcha de protesta estuvo encabezada por una pancarta en la que se leía: “no es abuso, es agresión: nosotras te creemos” y detrás, otra con el lema: “somos mujeres: no vamos a parar”. 

Estas movilizaciones, que parten de organizaciones feministas, se producen pocas semanas después de las manifestaciones del 8 de marzo

Desde que se conoció la sentencia, se ha producido una gran contestación social en España, con multitudinarias manifestaciones en todo el país, además de una iniciativa presentada en la plataforma Change.org para inhabilitar a los magistrados que dictaron el fallo, que ya cuenta con el apoyo de más de un millón de personas.

Personalidades hablan de sus agresiones sexuales

Además, desde ayer, miles de mujeres de distintos ámbitos están contando en Twitter los casos de agresión sexual que han vivido, lo que ha convertido en tendencia mundial la etiqueta #cuéntalo, una iniciativa de la periodista Cristina Fallarás.     

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“He arrancado el día proponiendo el #cuéntalo porque creo que casi todas hemos sufrido algún tipo de agresión sexual”, escribía ayer Fallarás, unas horas después de que la sentencia que condenó a los cinco miembros de “La Manada” por abuso sexual y no por agresión sexual suscitara movilizaciones de protesta en toda España.

Mujeres anónimas, pero también del ámbito público, como periodistas, escritoras y políticas se han sumado con sus historias o cometarios a la iniciativa, entre ellas la portavoz del partido Podemos (izquierda), Irene Montero, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. 

También ha querido expresar su opinión la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, quien en un mensaje en su cuenta de Twitter consideró hoy “un retroceso para la seguridad de las mujeres” la sentencia de la Audiencia de Navarra contra “la manada”. 

Botín, reconocida por la revista Forbes como una de las mujeres más influyentes del mundo, publicó en su cuenta un enlace a un artículo de The Washington Post titulado “Por qué muchas víctimas de violación no luchan o gritan”, del profesor de sicología James W. Hopper. 

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Estas movilizaciones, que parten de organizaciones feministas, se producen pocas semanas después de las manifestaciones del 8 de marzo, Día de la Mujer, que sacaron a las calles de España a millones de personas para protestar contra la discriminación entre hombres y mujeres y reclamar igualdad de género. 

Ante la extensión de la protesta por la sentencia de “La Manada”, desde el poder judicial, tanto asociaciones de jueces como de fiscales lamentan los “ataques desmedidos” a los magistrados y apelan a la “cordura” y la necesidad de respetar la resolución adoptada por el tribunal de Navarra. 

Miles de personas se manifestaron de nuevo en la ciudad de Pamplona. EFE/END

El gobierno español ya ha mostrado su disposición a consensuar con las principales fuerzas políticas una posible reforma del Código Penal, con el objetivo de adaptar las leyes a las demandas de la sociedad, que exige una “tolerancia cero” contra las agresiones a las mujeres.        

Esta polémica sentencia no es definitiva y va a ser recurrida ante una instancia superior tanto por la víctima como por la Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el gobierno de Navarra.