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La muerte del general Luis García Meza, el último dictador boliviano, cerró un ciclo de feroces regímenes militares de los años 80 en Bolivia, aunque el tirano se llevó a la tumba los secretos de trece meses plagados de violaciones a los derechos humanos.

Con García Meza, que está siendo velado en una capilla castrense y cuyos restos serán cremados por decisión de su familia, se clausura “un período terrible de nuestra historia” que estuvo caracterizado por su “dureza y arbitrariedades sin límites”, escribió el expresidente e historiador boliviano Carlos Mesa.

Durante su corto régimen de mano dura fueron asesinados connotados políticos bolivianos, entre estos el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fue muerto a mansalva por un paramilitar, y ocho dirigentes socialdemócratas acribillados cuando preparaban en una reunión la resistencia a sus impopulares medidas económicas.

El general de Ejército, que depuso el 17 de julio de 1980 a su prima, la presidenta constitucional Lydia Gueiler, falleció a los 88 años la madrugada del domingo por “un paro cardíaco y respiratorio”, según dijo su abogado, Frank Campero.

El militar aquejado por casi una docena de males, había sufrido tres infartos previos en el hospital de las Fuerzas Armadas, Cossmil, donde pasó más de diez años de su condena de 30 años de cárcel, explicó Campero.

Con la muerte de García Meza “hemos perdido información muy valiosa para esclarecer los delitos de lesa humanidad”, dijo el representante de la Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad, Julio Llanos.

En 13 meses de régimen sanguinario se produjo una treintena de asesinatos confirmados y un centenar de desapariciones que siguen sin esclarecerse. Además su régimen se caracterizó también por la corrupción y el narcotráfico.

“¡Lamentamos que no se haya hecho JUSTICIA! Se fue en la total impunidad”, señala la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) en Facebook.

El abogado Campero dijo que su cliente le dejó dos cartas póstumas, una a su familia y otra al país. El jurista reveló este lunes la dirigida a la opinión pública, de seis páginas, en la que asegura que “yo no maté ni robé” y que involucra a otros en el golpe del 17 de julio de 1980.