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  • AFP

En el Cerro, barrio popular al oeste de Montevideo, la congoja es grande. Los medios uruguayos lo reflejan cada día desde que fue asesinado por ladrones, de un balazo en el corazón, Antony Macaris, quien con apenas 18 años era una promesa del golf.

Antony era orgullo del club del Cerro en el que se inició, y que lleva adelante un programa de golf para jóvenes de ese barrio con bolsones de pobreza a escasos minutos del centro de la capital.

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"Él tenía una chance de salir adelante. Y la aprovechó. Pero lamentablemente el entorno no se lo permitió. No hay que perder las esperanzas. El deporte es una salida. Es lo peor que podía pasar. Pero vamos a duplicar los esfuerzos para darle una mano a estos chicos. No nos van a vencer", dijo a la AFP el vicepresidente del club, Nelson Pérez.

Macaris fue una de las últimas víctimas de la creciente lista de homicidios en Uruguay.

El ministro del Interior (Seguridad), Eduardo Bonomi, admitió que "este año si (la situación de violencia) sigue como está, va a subir" la tasa de homicidios con relación a 2017, cuando 283 personas fueron asesinadas en este país considerado pacífico en el contexto latinoamericano.

Causas locales

Según el centro de análisis Insight Crime, Uruguay (3.5 millones de habitantes) ocupaba en 2016 el decimoquinto lugar entre 19 naciones de América Latina y el Caribe por la cantidad de homicidios cada 100,000 personas.

Junto a las estadísticas de criminalidad suben de tono las críticas a la gestión de gobierno del Frente Amplio por el aumento de 5.7 a 8.4 homicidios cada 100,000 habitantes entre 2005 y 2015, la primera década de la izquierda en el poder.

"Durante un lapso de esta administración hubo dificultades para entender lo que era la represión, algo que tiene que ver con cuestiones filosóficas e ideológicas. Si eso se traslada a la realidad, aparece una palabra que es la 'impunidad' y un ejercicio con culpa de la autoridad", explica el ex comisario de la Policía uruguaya y psicólogo Robert Parrado, para quien el Estado cedió espacio y los delincuentes se sienten "con mucho más libertad".

Al comparar con la región, "hay que analizar si hay un Estado de derecho fuerte. La lectura fría no dice nada", enfatizó Parrado para quien detrás de los números hay un aumento de la violencia.

Autopercepción

La fama de país tranquilo no se condice con la percepción de los uruguayos sobre su seguridad, como muestra el Latinobarómetro 2017.

En el apartado "violencia en las calles", Uruguay se ubica tercero con Argentina, detrás de Brasil y Paraguay, con 43% de los consultados considerando que es el tipo de violencia más frecuente. A su vez, solo 20% de los uruguayos dicen no preocuparse por ser víctimas de un delito.

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"Estamos convencidos de que el aumento de la violencia en Uruguay no es producto del fortalecimiento de bandas de delincuentes, sino del enfrentamiento entre ellos", afirmó en tanto el ministro Bonomi interpelado por la oposición en el Parlamento. Según datos oficiales, 60% de los homicidios se deben a ajustes de cuentas entre delincuentes, principalmente vinculados al narcotráfico.

Pero las señales vienen de tiempo atrás. En Uruguay, los taxis llevan "mamparas" blindadas que separan conductor de pasajero; se reforzaron las medidas de seguridad en los espectáculos deportivos, y se prohibió a las gasolineras cobrar en efectivo durante la noche. Y ahora, delitos como la voladura de cajeros automáticos con garrafas de gas son noticia casi cotidiana.

Femicidios

Otro punto que sensibiliza a la población es el alto número de asesinatos de mujeres en casos de violencia doméstica, que por ley se denominan "femicidios".

En lo que va de 2018 son 13 casos y hay tres sin aclarar. En 2017 hubo 30 muertes. En 2016, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, hubo 24 femicidios en Uruguay, 1.3 por cada 100,000 mujeres, lo cual lo ubica en séptimo lugar entre los 16 países del subcontinente.

 

Teresa Herrera, socióloga de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica, señaló que las estadísticas no han variado desde 2004, pero en 2018, "si se mantiene la tendencia" la cifra estaría "por encima de las 30 mujeres".

Así las cosas, mientras la oposición quiere la "censura" (salida del cargo) del ministro del Interior, el gobierno, que tiene mayoría parlamentaria, no ve en esa medida una solución, respalda su gestión y apela a comparar los guarismos uruguayos con la alta criminalidad de sus vecinos.