•   Colombia  |
  •  |
  •  |
  • EFE

El procurador colombiano, Fernando Carrillo, anunció hoy que entregará a las autoridades "denuncias documentadas" de las "casas de pique" en las que se tortura y desmiembra a personas en la localidad de Tumaco, fronteriza con Ecuador.

Así lo anunció Carrillo en un acto celebrado en esa localidad, que es la que tiene más hectáreas sembradas de coca de Colombia, en la que dijo que "hay un pulso muy fuerte entre la institucionalidad y la ilegalidad", antes de agregar que "para poder ganarle el pulso a la criminalidad hay que sincronizar las acciones".

Hoteleros dicen cese de VivaColombia resta competitividad turística a Panamá

"Aquí se han hecho esfuerzos pero no integrados. Es una colcha de retazos", agregó.

Fernando Carrillo, Procurador General de Colombia

En esa localidad, que cuenta con el segundo puerto de Colombia en el Pacífico y con un extenso territorio dentro de su ámbito municipal, ha estallado la violencia debido a una decena de grupos criminales que quieren hacerse con el control de la producción de la cocaína y de las rutas del narcotráfico.Entre ellas está el grupo disidente de las FARC que lidera Walter Patricio Vernaza, acusado de haber secuestrado y asesinado a los tres miembros de un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio.

Walter Patricio Arízala, alias Guacho

En su exposición, Carrillo dijo que la entidad también cuenta con evidencias que prueban el "sometimiento sexual con niñas entre los 10 y los 14 años, y también con personas en condición de discapacidad", así como miembros de la comunidad LGTBI.

Detienen en Colombia a 7 miembros de disidencia de FARC liderada por Guacho

El informe del de que dispone también evidencia que hay 22 barrios de Tumaco "afectados por dinámicas violentas derivadas de la disputa por el control de esos territorios entre grupos armados que nacieron con la desmovilización de las FARC y otros grupos criminales".

Candidata evangélica de Colombia renuncia a aspiración presidencial

La Procuraduría colombiana es el organismo encargado de velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la ley a servidores públicos.