•   Venezuela  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

El deterioro de los derechos humanos en Venezuela cerró ayer las audiencias en Santo Domingo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llamó a atender la situación de los venezolanos que han tenido que emigrar a causa de la crisis política y social en esa nación.   

En una de las audiencias, representantes de la sociedad civil advirtieron de que más venezolanos podrían abandonar su país tras las elecciones del 20 de mayo próximo, y citaron datos de instituciones académicas de esa nación que prevén que la migración alcance los 3 millones de personas a finales de 2018.

También citaron datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que indican que las solicitudes de refugio se incrementaron en un 200% entre 2014 y el primer trimestre de este año; y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que indica un aumento de migrantes del orden de un 900% entre 2015 y 2017.

“Actualmente están saliendo cerca de 5,000 personas por día solo por los puntos fronterizos de Brasil y Colombia”, aseguró Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello de Venezuela, donde afirmó, “ya no hay Estado”.   

Ante la situación que viven los venezolanos en el exterior, los representantes de la sociedad civil pidieron a la CIDH continuar instando a los Estados a trabajar en la adopción de respuestas regionales de la migración forzada de venezolanos.  

En una solicitud leída por Florencia Reggiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la delegación de la sociedad civil también pidió a los Estados miembros de la CIDH flexibilizar sus pedidos de documentos a los venezolanos al momento de su regularización, ya que los mismos son de difícil emisión por parte de las autoridades de esa nación.   

La migración forzada venezolana “necesita una respuesta regional”, dijo el comisionado Francisco José Eguiguren, mientras que su colega Luis Ernesto Vargas calificó la situación de “dramática” y expresó preocupación por el hecho de que las venezolanas estén siendo objeto de trata de personas.

En otra sesión, representantes de la sociedad civil de Venezuela denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte de los militares, una práctica utilizada “como herramienta de represión y persecución política”, lo que fue rechazado por el Estado venezolano, quien a través del general Edgar Rojas, presidente de la Corte Marcial, afirmó que dentro de la justicia militar “se garantiza el debido proceso y los derechos humanos”.   

Por su lado, el comisionado Eguiguren subrayó que “en tiempo de paz los civiles no pueden ser sometidos a tribunales militares, no hay discusión”.