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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer al Estado de Guatemala por facilitar, por medio de una débil estructura institucional, la formación de redes y estructuras de delincuencia organizada dedicadas a adopciones internacionales.

La sentencia está basada en el caso de Osmín Tobar Ramírez y su hermano J.R., quienes fueron separados de su madre en 1997, cuando apenas tenían 7 y 2 años, respectivamente, luego de que se recibiera una denuncia anónima de que los niños habrían sido abandonados.

Las autoridades guatemaltecas los declararon en abandono y posteriormente fueron dados en adopción a parejas estadounidenses distintas, en un proceso en el que se omitieron diligencias probatorias mínimas.

“El presente caso se enmarcó en un contexto de serias irregularidades en los procesos de adopción de niños guatemaltecos, favorecido por una debilidad institucional de los órganos de control y una normativa flexible e inadecuada, que facilitó la formación de redes y estructuras de delincuencia organizada dedicadas a las adopciones internacionales”, explicó la corte.

La sentencia expresa que estas adopciones internacionales además representaron un negocio muy lucrativo en Guatemala, desde inicios de los años 90 del siglo pasado hasta finales de la primera década del año 2000.

El caso se enmarca en la operación de una red que entregó en esas condiciones a miles niños. Datos de la Procuraduría General de Derechos Humanos de Guatemala, y recopilados en un informe de la Fundación Myrna Mack, señalan que entre 1996 y 2006 al menos 27,871 menores fueron dados en adopción internacional en Guatemala.