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  • EFE

Las autoridades peruanas enviaron hacia Estados Unidos el expediente del pedido de extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien es acusado de presuntamente haber recibido un millonario soborno de la constructora brasileña Odebrecht, informaron hoy medios locales.

Según el diario El Comercio, el documento consta de 3.117 folios, en anverso y reverso, y fue transportado este miércoles por un funcionario de la Unidad de Cooperación Internacional de la cancillería peruana.

Fuentes de Exteriores citadas por el medio indicaron que, tras recibir el expediente traducido, se procedió a su certificación legal por parte de la embajada de Estados Unidos en Perú.

"Es un trámite normal, porque todo documento requiere ser legalizado. Un funcionario de la cancillería se está llevado los documentos originales, porque aquí no pueden ser enviados por ningún otro medio", indicó el portavoz.

En Perú, el caso Odebrecht sigue el rastro de los millonarios sobornos que la constructora admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado a funcionarios a cambio de adjudicarse obras entre 2005 y 2014

El diario señaló que el funcionario llegó hoy a Washington con el expediente, que deberá pasar a custodia y aseguramiento para volver a ser legalizado por las autoridades estadounidenses, antes de ser presentado, este viernes, ante el Departamento de Estado para que se inicie el procedimiento legal en ese país.

La fuente oficial explicó que el Departamento de Justicia evaluará si el pedido de extradición cumple con los requisitos "de forma" del tratado de extradición firmado entre ambos países.

"Una vez que sea declarado admisible, el Departamento de Justicia se convierte en abogado de Perú, en el sentido de que son ellos quienes presentarán ante el juez federal la solicitud de arresto con fines de extradición contra el señor Alejandro Toledo", acotó.

El juez encargado del caso analizará la acusación y llamará a los abogados del exgobernante, en un proceso que, se calcula, durará varios meses.

El abogado peruano Heriberto Benítez, uno de los defensores de Toledo, consideró que existe un "apresuramiento" para remitir el cuadernillo de extradición, ya que aún se debe resolver un "habeas corpus" que pide anular la prisión preventiva de 18 meses y orden de extradición dictada contra Toledo.

La fuente oficial explicó que el Departamento de Justicia evaluará si el pedido de extradición cumple con los requisitos "de forma" del tratado de extradición firmado entre ambos países.

El pedido de la defensa de Toledo será evaluado el próximo 12 de junio por la Tercera Sala Penal con Reos Libres, señaló Benítez a El Comercio, antes de informar que los abogados que asumirán su defensa en EE.UU. serán Richard Douglas y Roger Noriega.

"Ellos serán los encargados de entregar los documentos que falten para sustentar que esta es una persecución política", indicó.

En marzo pasado, tras la aprobación del envío del pedido de extradición, Toledo negó haber recibido un soborno de 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y se quejó de que la justicia en Perú está "vendida" y "politizada".

El exmandatario, quien permanece en EE.UU. desde el inicio de la investigación en su contra, rechazó las declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata, quien dijo que le entregó el soborno para obtener la licitación de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur durante su gestión.

Según declaró Barata a fiscales peruanos, el dinero fue entregado por partes, entre 2004 y 2010, en cuentas de las empresas de Josef Maiman, amigo de Toledo, quien creó en Costa Rica la empresa Ecoteva para hacer compras inmobiliarias en Lima.

El exgobernante ha sido investigado en los últimos años por las compras de casas y oficinas hechas en Lima por casi 5 millones de dólares con fondos de la empresa Ecoteva, creada por Maiman y su suegra, Eva Fernenbug, en Costa Rica.

Maiman ha declarado a la fiscalía peruana que prestó sus cuentas a Toledo y que los fondos, procedentes de cuentas de Odebrecht, eran derivados a Ecoteva.

En Perú, el caso Odebrecht sigue el rastro de los millonarios sobornos que la constructora admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado a funcionarios a cambio de adjudicarse obras entre 2005 y 2014, además de los aportes ilegales a políticos peruanos.