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Días, semanas e incluso meses pueden pasar los venezolanos sin ver salir agua del grifo en sus hogares, una situación que, según los que han analizado el tema, es resultado de la falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura del sistema hídrico de un país al que, por donde se mire, se le nota la crisis. 

Los venezolanos, sumergidos en problemas económicos y políticos, también deben enfrentar a diario los conflictos sociales que terminan, casi siempre, degenerando en pequeñas protestas; muchas de ellas protagonizadas por ciudadanos que demandan agua a la estatal Hidrocapital, encargada de su suministro en el país.     

Esta situación, que no distingue clases sociales, lleva a algunos a tener que buscar agua en cuencas y a otros pocos a pagar camiones cisternas, cuyo precio ronda los 30 millones de bolívares (375 dólares al cambio oficial), casi doce veces más de lo que equivale el sueldo mínimo, 2,555,500 bolívares (32 dólares). 

En el caso de Daniela de Oviedo, una maquilladora de 26 años y habitante de una zona de clase media en Caracas, la falta de agua por días en su hogar ha hecho que tenga que trasladarse a casa de sus padres o suegros para poder lavar su ropa o para “simplemente” ducharse. 

La joven, que en declaraciones a Efe describió esta situación como una “miseria”, también se quejó de que “como la mayoría” sus suegros también tienen problemas con el agua.

Y así en comunidades como Petare, la favela más grande de Latinoamérica, los habitantes de sus barrios también pueden pasar meses sin agua, según han denunciado ellos mismos en distintas protestas y diputados opositores como Miguel Pizarro.

“No hay una política de reforestación de nuestras cuencas hidrográficas, de los parque nacionales de los cuales se provee más del 80% del recurso agua en el país”, indicó el presidente de la Comisión de Ambiente del Parlamento venezolano, el opositor Luis Parra. 

Parra aseguró que las “plantas potabilizadoras de agua están en su mayoría desmanteladas por falta de inversión”, y este es un recurso que necesita ser “procesado” como lo establece la ley. Además hay “falta de mantenimiento, falta de una política de reinversión en la ingeniera, pero también falta de un manejo adecuado por (parte) del personal”, agregó.