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  • EFE

La desmovilizada guerrilla de las FARC recaudó entre 1996 y 2012 al menos 3,6 billones de pesos (unos 1.250 millones de dólares) por secuestros, según el primer informe que la Fiscalía colombiana entregó hoy a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre sus investigaciones del conflicto armado.

La Fiscalía indicó en un comunicado que el documento busca "poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz sin impunidad".

En el texto, enviado a la JEP por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y la vicefiscal María Paulina Riveros, se detallan "las investigaciones en curso, por conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, incluidas las que ya hayan llegado a juicio".

El inventario incluye 223.282 casos relacionados con el conflicto, por los cuales hay 280.471 investigados y "196.768 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos".

De ese total, 52.220 fueron cometidos por las FARC (23,4 %) y 13.934, equivalentes al 6,2 %, por la fuerza pública.

También figuran 10.164 atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN); 55.768 a las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); 3.324 a otras guerrillas, y 87.872 a grupos sin identificar.

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En la parte del informe que hace alusión a la "retención ilegal por parte de las FARC", el fiscal Martínez aseguró que dicho delito es "una de las violaciones de derechos fundamentales más cruel e inhumana que tuvo lugar en el marco del conflicto armado de nuestro país".

La retención ilegal y extorsiva de personas, prosiguió, "fue recurrente a través de los años y siguió unos lineamientos explícitos de las FARC para financiar su expansión militar y potenciar su capacidad de negociación política".

El informe comienza citando el secuestro y posterior asesinato del industrial y exministro de Fomento Harold Eder, ocurrido en marzo de 1965 en su finca del departamento del Cauca (suroeste) y considerado uno de los primeros cometidos por las FARC.

Sin embargo, fue a partir de las década del 90 cuando las FARC intensificaron el delito del secuestro y lo convirtieron una de sus principales fuentes de financiación.

El documento también recuerda a manera de referencia la toma guerrillera de Inzá (Cauca) en 1965 por hombres al mando del fundador de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias "Tirofijo", que fue el primer ataque de esa guerrilla a un centro poblado y que dejó 16 muertos, entre ellos el alcalde del pueblo, el personero, dos monjas y dos policías.

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Igualmente recuerda los secuestros masivos llamados eufemísticamente "pescas milagrosas", así como el de centenares de militares policías y civiles, entre ellos la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

A la fecha, la Fiscalía General tiene 6.162 investigaciones atribuibles a las FARC por secuestros que involucran a 8.163 víctimas y 4.314 procesados.

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Sobre la magnitud económica de ese fenómeno criminal para las finanzas del grupo guerrillero, el fiscal precisó que "no se ha cuantificado en su totalidad".

Sin embargo, la Fiscalía, señala: "de acuerdo con una estimación oficial, durante el periodo 1996-2012 las FARC habrían recaudado un total de tres billones, seiscientos veinticinco mil seiscientos ocho mil millones, doscientos noventa y siete mil doscientos cincuenta pesos colombianos", que equivalen a unos 1.250 millones de dólares de hoy.

Con respecto a los procesos, el ente investigador estableció 275 sentencias condenatorias contra 614 personas, incluyendo miembros del Estado Mayor Central y del secretariado de las FARC, actualmente convertidas en partido político.

La Fiscalía dedica también un apartado de su informe a la "victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado", sin dar cifras.

Según diversas fuentes, el genocidio contra la UP en los años 80 y 90 fueron asesinados al menos 3.500 miembros de ese partido, entre ellos dos candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa.

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También perdieron la vida ocho congresistas, 13 diputados regionales, 70 concejales y 11 alcaldes.

Con relación a la UP, el informe "da cuenta de un vergonzoso episodio de la vida democrática de Colombia", busca "contribuir a conocer la verdad" y a "recuperar en la conciencia colectiva de la Nación la necesidad de fortalecer el pluralismo democrático", precisó el fiscal.