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  • EFE

La Defensoría General de la Nación de Argentina (DGN) consideró hoy los procesos penales abiertos contra mujeres que abortan en el país como "un castigo" hacia ellas aunque puedan no acabar en condena, debido a la "angustia y dificultades" que generan en su vida.

"La figura del aborto en el Código Penal acarrea consecuencias irreparables como llevar a las mujeres a realizar prácticas inseguras que comprometen su vida y su salud", reza un texto difundido por el organismo tras los resultados obtenidos sobre las causas iniciadas contra mujeres que se realizaron un aborto entre 2011 y 2016.

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La DGN señaló que para diferentes organismos internacionales de protección de derechos humanos, la penalización existente en el país sobre la interrupción voluntaria del embarazo "vulnera derechos fundamentales de las mujeres".

El Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal de cada provincia de Argentina contabilizaron un total de 167 condenas por aborto en ese periodo de cinco años.

"Los procesos penales en trámite operan en sí mismos como un castigo, aunque no concluyan con una condena, por la angustia y dificultades que generan en la vida de las mujeres", subraya la DGN.

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El informe determina que el derecho penal "fracasa en su finalidad de prevención" frente al conocimiento de las muertes registradas por abortos irregulares en centros clandestinos.

"El delito que presenta mayor prevalencia de condenas es el de aborto seguido de muerte (es decir, abortos inseguros)", transmitió el comunicado.

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Según el Ministerio de Salud de la Nación, en cinco años se realizaron entre 1.850.000 y 2.600.000 abortos, algo que no se puede demostrar debido a que se desconoce el número de interrupciones clandestinas en el territorio argentino.

En 2013, 49.000 mujeres fueron internadas en hospitales públicos de todo el país por causas derivadas de abortos.

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Un día después de la multitudinaria marcha nacional de "Ni Una Menos", en la que se defendió el derecho de las mujeres argentinas a un "Aborto Legal, Seguro y Gratuito", organizaciones a favor de la defensa de la vida, junto a diputados y senadores de diversos partidos, presentaron hoy al Congreso 414.000 firmas de ciudadanos que se oponen al proyecto para despenalizar el aborto.

Actualmente, el país rige su normativa al respecto por el Código Penal de 1921, que considera el aborto un delito, aunque contempla que "no es punible" cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.

El próximo 13 de junio la Cámara de Diputados del país austral tratará el proyecto de ley para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.