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  • EFE

El Registro Demográfico del Gobierno de Puerto Rico deberá divulgar en un plazo de siete días la información sobre los certificados de defunción de las personas que fallecieron tras al paso del huracán María en la isla caribeña.

La jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Lauracelis Roques Arroyo, comunicó hoy su decisión en respuesta a las demandas presentadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de Puerto Rico y la cadena estadounidense CNN de esos datos.

La agencia gubernamental deberá divulgar las bases de datos que incluyen las causas de las muertes, los permisos de entierro y cremación de los puertorriqueños que perdieron sus vidas a partir de esas fechas.

El Gobierno presidido por Ricardo Rosselló alegó que no hizo pública la información ya que se trata de datos protegidos por la confidencialidad de Estado.

En esta foto de archivo tomada el 21 de septiembre de 2017, un hombre camina frente a casas destruidas en Cataño, Puerto Rico, el 21 de septiembre de 2017.

El Ejecutivo alegaba que no podía ofrecer esa información porque incluye el número de seguro social de los fallecidos, lo que está protegido por ley.

La magistrada ordenó que esa parte de la información quede protegida.

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El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública del Gobierno de Puerto Rico, Ramón Rosario, se pronunció sobre el asunto para señalar que el Ejecutivo cumplió con lo establecido por la normativa vigente.

"El Gobierno de Puerto Rico cumplió con lo que dispone expresamente la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico. No obstante, ya un Tribunal determinó que tanto el CPI como CNN son parte interesada", preciso.

En esta foto de archivo tomada el 22 de septiembre de 2017, una vista aérea muestra el vecindario inundado de Juana Matos después del huracán María en Cataño, Puerto Rico, el 22 de septiembre de 2017.

"La Ley del Registro Demográfico es clara en que una orden del Tribunal puede convertir a una parte en parte interesada más allá de los requisitos que establece la Ley, que es lo que ocurrió en este caso", dijo el funcionario.

Rosario señaló que la política del Gobierno, a petición del gobernador Rosselló, es la de trabajar "con estricta transparencia y facilitar el acceso a toda la información pública".

"Por lo que estaremos cumpliendo con lo ordenado recientemente por el tribunal", apuntó.

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La decisión de la jueza se da mientras continúa la polémica generada por la disparidad en el conteo de muertes tras el paso del huracán María por la isla el pasado 20 de septiembre.

El Gobierno mantiene oficialmente que el huracán provocó 64 fallecidos, frente a los miles de los que hablan otras fuentes.

Un estudio de la Universidad de Harvard revelado la semana pasada eleva el saldo mortal dejado por el paso del huracán María en Puerto Rico a 4.645 fallecidos.

La investigación, publicada en la revista científica "New England Journal of Medicine", está basada en una encuesta aleatoria a 3.299 hogares en Puerto Rico, a los que se preguntó sobre las muertes y las causas de estos fallecimientos entre la llegada de la tormenta y el final del año.

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Rosselló dijo en reacción a esa información que desde el principio se sabía que la cifra iba a aumentar, ya que el número de 64 muertos se obtuvo producto del protocolo del que disponían tras el paso del huracán.

"Nuestros resultados indican que la cifra oficial de 64 es una sustancial infravaloración de la verdadera mortalidad tras el huracán María", apunta el estudio de la escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en colaboración con las universidades Carlos Albizu y Ponce, de Puerto Rico.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, Héctor Pesquera, sostuvo que a la supuesta cifra de 4.645 se llegó por un sistema tan discutible como es una encuesta.

Además, se refirió al estudio en marcha de la Universidad George Washington sobre la cifra de muertos, del que señaló que sí tiene una base científica y que se espera se haga público durante el verano.

Después de conocerse la cifra de muertos oficiales que dio el Gobierno tras el paso del huracán arreciaron las críticas por entenderse que el Ejecutivo trataba de minimizar los fallecimientos, mientras llegaban testimonios de la presencia de cadáveres en las zonas más inaccesibles a los que ni siquiera se pudo dar sepultura.