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  • EFE

La Justicia británica rechazó hoy ordenar la liberalización del aborto en Irlanda del Norte, pero advirtió de que su legislación es "incompatible" con los derechos humanos, un fallo que aumenta la presión sobre Londres y Belfast para que sus políticos intervengan en esta cuestión.

El Tribunal Superior del Reino Unido desestimó un recurso de la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (NIHRC), destinado a considerar si la ley del aborto en la provincia viola los derechos de las mujeres, pues se les prohíbe interrumpir embarazos en casos de malformación del feto, violación o incesto.

No obstante, cuatro de los siete magistrados que componen la más alta instancia judicial británica reconocieron que la legislación vigente es "incompatible" con el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece el respeto a la vida privada y familiar, por lo que entienden que "necesita un replanteamiento radical".

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"No ha habido una declaración formal del Tribunal y la apelación ha sido rechazada. Pero su análisis y comentarios respecto a la incompatibilidad serán muy tenidos en cuenta por esta Cámara y por los políticos de Irlanda del Norte", aseguró hoy en los Comunes la ministra británica para la provincia, Karen Bradley.

Karen Bradley

De hecho, el Supremo desestimó los planteamientos de la NIHRC por una cuestión puramente técnica, ya que la demanda debería haber sido interpuesta por una mujer a la que se le hubiera impedido abortar por alguno de los citados supuestos.

A diferencia del resto del Reino Unido, donde es legal, el aborto está regido en el Ulster por dos leyes -de 1861 y 1945- que establecen que la terminación del embarazo es delito, excepto cuando corre peligro la vida de la madre o hay riesgo de que la mujer sufra problemas físicos o mentales si continúa con la gestación.

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"Los responsables de asegurar la compatibilidad de la norma de Irlanda del Norte con los derechos de la Convención sin duda reconocerán y tomarán en cuenta las conclusiones" del Supremo, declaró su vicepresidente, Jonathan Mance, en un claro mensaje a los legisladores en Westminister y Belfast.

Aunque contrario a la NIHRC, este fallo ha aumentado la presión sobre la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, para que intervenga desde Londres y liberalice la ley del aborto, ante la ausencia de un Gobierno autónomo en Belfast desde hace 18 meses.

La líder "tory" ha indicado que este asunto debe ser abordado por la Asamblea norirlandesa (Stormont) y se resiste a tomar cartas en el asunto, porque depende para gobernar en minoría del apoyo del ultraconservador Partido Democrático Unionista (DUP), mayoritario entre la comunidad protestante norirlandesa y contrario a suavizar el aborto.

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Su jefe de Disciplina Interna en los Comunes, Jeffrey Donaldson, celebró hoy la decisión del Supremo y lamentó "la cantidad de dinero público gastado" en el proceso lanzado por la NIHRC, a pesar de que, dijo, "sabía desde el principio que no tenía competencias para ello".

El DUP ya frenó en una votación celebrada en la Asamblea autónoma en 2016 dos mociones presentadas para legalizar el aborto en casos de malformaciones del feto y de delitos sexuales, como el incesto y la violación.

Dos años después, las diferencias entre el DUP y el Sinn Féin, principal entre la comunidad nacionalista, mantienen suspendido el Ejecutivo de poder compartido, aunque los unionistas perdieron en las elecciones autonómicas del pasado año su mayoría en la Asamblea, que les concedía el derecho a veto en ciertos asuntos, como la interrupción voluntaria del embarazo.

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Otra votación en Stormont, toda vez que se restaure el Gobierno -lo que no está previsto que ocurra a corto plazo-, podría arrojar un resultado diferente, ante el impulso que ha cobrado este asunto entre la sociedad norirlandesa tras el referéndum sobre el aborto celebrado el pasado mes en la vecina República de Irlanda.

La amplia victoria del "sí" en el referéndum irlandés llevará ahora al Gobierno de Dublín, dirigido por el partido democristiano Fine Gael, a cambiar la ley y permitir el aborto en todas las circunstancias durante las primeras doce semanas de embarazo y, en casos excepcionales, hasta las veinticuatro.

Las restricciones en ambas jurisdicciones de la isla de Irlanda obligan a miles de mujeres a viajar cada año al extranjero para poner fin a su gestación o tomar píldoras compradas por internet, sin la asistencia de un médico por la amenaza de penas de cárcel de hasta 14 años en el sur y de cadena perpetua en el norte.