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LA PAZ/AFP

El intrincado caso de una célula de mercenarios boliviano-europeos que, según las investigaciones, pretendía asesinar al presidente Evo Morales, dio un giro inesperado cuando uno de los involucrados señaló que el objetivo no era el mandatario sino dos prefectos opositores.

Juan Carlos Gueder, un opositor al gobierno de Morales, que fue detenido el martes pasado acusado de tener vínculos con una organización de milicianos desmantelada a comienzos de abril, señaló que ésta no buscaba asesinar al mandatario -como señaló repetidamente el gobierno- sino a los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Beni, Ernesto Suárez Sattori.

Gueder, asesor de la radical derechista Unión Juvenil Cruceñista, una especie de fuerza de choque cuando se presentan protestas contra el gobierno, dijo que el líder de los milicianos, el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa -quien fue abatido por la policía hace dos semanas- “quería matar, para crear un caos, al señor gobernador Costas y al señor Suárez Sattori”.

Según Gueder -quien admitió haber provisto de un arma al grupo mercenario-, Rózsa argumentó para ese plan “que valdría más un mártir muerto que un cojudo que no hacía nada como gobernador” en alusión a Costas.

Costas es un acérrimo opositor del presidente Morales, aunque algunos sectores de la derecha radical lo acusan de asumir un papel condescendiente con el gobierno.

A pesar de estar detenido, Gueder pudo hacer esas declaraciones ante los medios, a quienes dijo igualmente que Rózsa hablaba de gente que le daba apoyo para sus acciones aunque nunca dijo nombres. “El único nexo mío con este señor es el arma, es decir la venta”, apuntó.

¿Gobierno implicado?

A las declaraciones de Gueder se suman las de su abogado, Denver Pedraza (quien igualmente representa al también detenido paraguayo Alcides Mendoza), quien señaló ayer viernes que autoridades del gobierno nacional estarían seriamente implicadas en esa conspiración.

Pedraza dijo a medios televisivos que solicitó audiencia al presidente Morales y al vicepresidente Álvaro García, “porque hay cosas que deben saber. A ellos les conviene hablar con nosotros. Si se conocen los datos que tengo de Santa Cruz, más de una autoridad del gobierno puede perder su cargo”.

Este abogado estuvo ligado en algún tiempo al gobierno de Morales y ocupó la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, cargo del que fue destituido en mayo de 2007 por supuestos malos manejos.

Las declaraciones de Gueder y de Pedraza abren una nueva línea de investigación para el caso de una célula de milicianos que fue desmantelada el pasado 16 de abril, en un operativo policial en un hotel de Santa Cruz en que tres de ellos murieron y dos más fueron arrestados.


Según el gobierno, estos milicianos buscaban asesinar a Morales, pero en una entrevista dada por el cabecilla Rózsa en septiembre pasado a la televisión húngara y que fue emitida cuatro días después de su muerte, señalaba que viajaría a Bolivia en busca de acciones que podían llevar inclusive a que la región de Santa Cruz se dividiera del resto del país.

Junto a Rózsa murieron el húngaro-croata Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer, mientras fueron detenidos el boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elod Toasó, quienes están recluidos en una cárcel pública de La Paz, mientras dure la investigación.

Esta historia está enmarcada en una dura pugna entre el gobierno de Morales y las autoridades regionales de Santa Cruz, que lideran desde hace unos años una iniciativa para tener mayor autonomía, a la que se han sumado los departamentos de Beni, Pando y Tarija.

En Santa Cruz, el departamento más rico de Bolivia, hay grupos radicales que proponen inclusive escindirse del resto del país.