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  • EFE

La sentencia de un tribunal mexicano que obliga a crear una comisión para investigar de nuevo la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha supuesto un halo de esperanza para los familiares que hoy exigieron al Gobierno de Enrique Peña Nieto que cumpla con la resolución.

El tribunal, ubicado en el estado de Tamaulipas, ordenó el lunes crear una Comisión de la Verdad con representantes de los familiares y expertos independientes tras asumir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) "no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que auspició una investigación independiente, calificó de "trascendente" el fallo del tribunal y urgió al Gobierno a crear la comisión para investigar los hechos ocurridos en septiembre de 2014, exigencia a la que se sumaron hoy los familiares.

Enrique Peña Nieto, presidente de México

"Es una sentencia de un juez mexicano y tienen que acatarla. No hemos venido a pedirlo sino a exigir que se acate la orden", aseveró Felipe de la Cruz, padre de una de las víctimas, en una rueda de prensa junto con otros representantes de las familias.

Este padre agradeció a los magistrados que emitieron el fallo por su "valor en un país con fallas estructurales donde reina la corrupción y la impunidad"; y aseguró que ahora están "más cerca de la verdad, la justicia y el castigo de los culpables".

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"Nosotros seguiremos en la lucha y con esta nueva sentencia lo vamos a lograr", añadió a su vez Blanca Nava, quien aseguró que los padres no han perdido la esperanza de recuperar a sus hijos.

Otro de los padres, Mario González, se dirigió directamente a Peña Nieto: "Le exigimos a usted que acate la resolución del poder judicial ya que usted mismo dijo que todas las resoluciones iban a ser cumplidas".

Según la versión oficial, conocida como "verdad histórica", en la noche del 26 de septiembre policías corruptos de Iguala arrestaron a los jóvenes y les entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula.

Padres y organismos internacionales han venido denunciando irregularidades en las pesquisas y han exigido que se aborde la posible participación del Ejército y la Policía Federal en los hechos.

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Además, consideran científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en ese vertedero.

Tras la sentencia que ordena una nueva investigación, la madre María Elena Guerrero aseveró que "la verdad histórica queda sepultada", lo que ha dado "mucha fortaleza" a los padres, que seguirán "en pie de lucha" hasta conocer la verdad.

"A tres años y ocho meses de los hechos, los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa seguimos en pie. Desde el principio dijimos que teníamos la razón y ahora un tribunal mexicano nos la ha dado", sentenció.

En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH concluyó su investigación de los hechos señalando un sinfín de inconsistencias y enfrentado a un Gobierno que criticaron por "obstaculizar" su trabajo.

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Ahora los familiares ven en la sentencia una "buena oportunidad" para que traer de nuevo los expertos independientes a México.

"Queremos que regresen los expertos porque gracias a ellos descubrimos las anomalías del Gobierno, que dijo muchas mentiras", aseveró la madre Blanca Nava.

El tribunal de Tamaulipas señaló indicios de que en la versión oficial se obtuvieron confesiones bajo tortura, algo que no solo vulnera los derechos de los torturados sino también el derecho de los familiares a conocer la verdad de lo ocurrido, sostuvo el activista Mario Patrón, abogado de los padres.

"El torturado generalmente dice lo que quiere sacar el torturado, pero no la verdad", señaló Patrón, quien acusó a la fiscalía mexicana de "poner en riesgo la verdad".

"El Gobierno federal dio la bienvenida a los informes internacionales pero dijo que los tribunales nacionales tendrían la última palabra. Pues aquí está la última palabra". sentenció el abogado en referencia al fallo judicial.

La CIDH instó ayer al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los estudiantes y el Gobierno mexicano respondió hoy en un comunicado que "atenderá estas recomendaciones".