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  • EFE

Cientos de estudiantes ocuparon una decena de escuelas de Buenos Aires para pedir la aprobación de un proyecto que se debate este miércoles en el Congreso y que busca despenalizar el aborto y permitir a las menores ejercer su derecho a practicarse uno sin autorización de sus progenitores.

"Queremos aborto legal, seguro y gratuito, donde seamos nosotras quienes decidamos: ni nuestros padres ni nadie más sería quien tiene la última palabra, sino nosotras mismas", aseguró a Efe Juana Garay, una de las adolescentes que tomaron el Colegio Nacional de Buenos Aires.

Medio centenar de alumnos decidieron el lunes en asamblea pasar la noche en la entrada de este instituto público, uno de los más prestigiosos de la ciudad, cifra que fue aumentando con las horas, a medida que más jóvenes se sumaron a la concentración.

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Se prevé que la "toma" de unas diez escuelas de la ciudad se mantenga hasta el miércoles, cuando trasladarán la protesta a los alrededores de la sede del Congreso para seguir de cerca el debate del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que mantendrá la Cámara de Diputados.

Para Abril Manchini, una de las alumnas que está encerrada desde el pasado viernes en la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia, la inclusión del artículo es fundamental porque en Argentina existe un "problema muy grave" de "violencia intrafamiliar" y hay padres muy religiosos o parientes que abusan de ellas y que "no van a apoyar el aborto".

Un documento realizado de manera colaborativa por la ciudadanía a iniciativa de la organización Economía Femini(s)ta refleja que, en este momento, 119 diputados están en contra de la norma y 116, a favor, mientras que 20 permanecen indecisos.

Según Amnistía Internacional, el aborto es la principal causa de muerte materna en 17 de las 24 provincias de Argentina, y, según Unicef, nacen anualmente casi 3.000 bebés de niñas de entre 10 y 14 años, a lo que se suman los 500.000 abortos clandestinos que organizaciones feministas aseguran que se realizan cada año en el país.

Para Garay, todo ello refleja que los abortos "se van a seguir realizando" y, por ese motivo, lo importante es "que el Estado se haga cargo de la responsabilidad que tiene y del momento histórico en el que se encuentra".

"Que garantice un aborto legal, seguro y gratuito para todas las personas que gestan, sin importar su clase social y sin importar su edad, en los hospitales públicos del país", manifestó.

Además de la aplicación efectiva de la ley de Educación Sexual Integral y la articulación "inmediata" de un protocolo contra la violencia machista en los colegios, uno de los reclamos más fuertes de las adolescentes es que, si se aprueba la norma, no se retire el artículo 8.

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Este contempla que, si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona de entre 13 y 16 años, "se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir" sin consentimiento de sus progenitores.

Para Abril Manchini, una de las alumnas que está encerrada desde el pasado viernes en la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia, la inclusión del artículo es fundamental porque en Argentina existe un "problema muy grave" de "violencia intrafamiliar" y hay padres muy religiosos o parientes que abusan de ellas y que "no van a apoyar el aborto".

"Esas chicas o tienen que dejar el colegio, porque el colegio tampoco está listo para tener una chica embarazada cursando, o se hacen abortos clandestinos, que es una cosa horrible", señaló en una entrevista con Efe.

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La joven defendió la toma de su centro y aseguró que aunque las clases estén suspendidas, mientras, celebran charlas y talleres de educación sexual integral, por lo que no están "perdiendo nada".

"Es lo que el Ministerio no nos da (...). No es que tomamos el colegio y no hacemos nada y nos quedamos acá tocando la guitarra y tomando mate", defendió.

El Código Penal vigente en el país suramericano desde 1921 considera el aborto un delito, aunque contempla que "no es punible" cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o si el embarazo es producto de una violación, mientras que la nueva iniciativa establece que toda persona puede interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras 14 semanas.