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  • EFE

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, aseguró hoy que hay que dar una "solución legislativa" a la separación familiar que están sufriendo cientos de inmigrantes que llegan a la frontera sur del país a manos de las autoridades.

"No, no estoy cómodo con eso", dijo el republicano de Wisconsin a los periodistas. "No queremos que los niños se separen de sus padres", agregó.

Los demócratas llevan semanas denunciando esta situación, agravada por orden de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, y sobre la que han presentado varias propuestas legislativas para su prohibición.

No obstante, el acalorado y complejo debate migratorio en el Congreso parece tener visos de reabrirse la semana entrante, y se espera que los legisladores republicanos incluyan una disposición que prohíba la separación de familias en una ley migratoria más amplia, según informó la cadena NBC.

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Sin embargo, no está claro si ese proyecto de ley, destinado a equilibrar las demandas de los republicanos más conservadores y los moderados, logrará ser aprobada por el pleno.

Precisamente hoy, durante el Desayuno Nacional de Oración Hispana, la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tachó la política de "bárbara".

"Sobre la política bárbara e inaceptable de arrancar a los niños de los brazos de sus padres en la frontera... bárbaro. Eso no es estadounidense. No está basado en la fe", reiteró Pelosi.

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A principios del mes de mayo, el fiscal general del país, Jeff Sessions, anunció que el Departamento de Justicia presentará cargos penales contra todos los extranjeros atrapados cruzando la frontera ilegalmente, un esfuerzo que pretende frenar la inmigración ilegal.

Esto enviaría a los padres a custodia penal y a los niños a refugios financiados con fondos federales supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés).

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Las regulaciones, elaboradas por los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, proporcionarían nuevas reglas sobre cómo deberían tratarse los niños detenidos, reemplazando efectivamente un decreto de consentimiento de 1997 que, junto con dos leyes federales más recientes, guía esas decisiones.