•   Asunción, Paraguay  |
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  • EFE

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Paraguay dispuso hoy la libertad de Lucía Agüero, una de las 11 personas condenada por la masacre de Curuguaty, que en 2012 causó 17 muertes (11 labriegos y 6 policías) y la destitución del entonces presidente Fernando Lugo.

La decisión de la CSJ responde al "habeas corpus" reparador presentado por su abogado y coincide con el cumplimiento total de la condena impuesta, seis años de privación de libertad, que Agüero pasó bajo arresto domiciliario tras declararse en huelga de hambre en la prisión en la que estaba recluida.

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Los seis años de condena que recayeron sobre la mujer compurgaron el pasado 15 de junio, según informó la CSJ en la disposición difundida hoy.

Asimismo, la Corte señaló que la extensión de la pena más allá del 15 de junio "resultaría arbitrario" y sería de "responsabilidad estatal".

La defensa de Agüero apeló en su día la sentencia por la que se la condenaba a seis años de pena privativa, pero luego fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones.

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La acusada presentó entonces un recurso de casación cuya resolución está pendiente de solución ante la Sala Penal de la CSJ.

Lucía Agüero fue una de las once personas acusadas y condenadas en julio de 2016 por la masacre de Curuguaty, ocurrida en junio de 2012.

El tribunal impuso penas de entre 4 y 30 años de cárcel, aunque en el caso de Agüero su condena fue de 6 años, de los que ya había pasado 4 bajo arresto domiciliario.

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El caso Curuguaty (este de Paraguay) se refiere a un operativo realizado el 15 de junio de 2012 por varios centenares de policías, que acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que habían ocupado para pedir que se integraran a la reforma agraria.

Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron 11 campesinos y 6 policías, pero la Fiscalía no investigó las muertes de los labriegos.

La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución de Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).