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  • EFE

Sebastián Dávalos, el hijo de la expresidente Michelle Bachelet (2014-2018), presentó hoy acciones penales contra parlamentarios y autoridades del oficialismo a los que acusa del delito de denuncia calumniosa en una de las aristas de llamado caso Caval, un millonario y polémico negocio inmobiliario.

Dávalos, que fue sobreseído este año por el Juzgado de Garantía de Rancagua en la investigación por cohecho en el referido caso, presentó las acciones penales y civiles en contra del subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, y los diputados de Renovación Nacional Marcela Sabat y Diego Paulsen.

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"Más de allá de sentirme perjudicado, lo que se me hizo fue achacarme delitos sin ninguna prueba", señaló Dávalos a la prensa acompañado de su abogado Carlos Fierro.

Dijo que "en este país hay gente que tiene más responsabilidades que otros, sobre todo cuando se trata de diputados y autoridades del país, y esa gente tiene que responder por difamar o por achacarle delitos a gente que es absolutamente inocente", enfatizó el hijo de la exmandataria.

La acción legal viene a complementar la acción legal ya interpuesta contra el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, en las primeras semanas del mes de junio, la cual ya está en manos de la Fiscalía.

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"Tanto el ministro Monckeberg y el exhonorable diputado de la República, señor Ward, y otros funcionarios ligados también a lo que hoy día es el Gobierno de (coalición oficialista) Chile Vamos, promovieron distintas denuncias, acciones y querellas en contra de mi representado por delitos que finalmente fue sobreseído definitivamente", añadió Fierro en declaraciones que difunde radio Cooperativa.

"¿Cuáles son estos delitos? Uso de información privilegiada, tráfico de influencias, el delito de cohecho, el delito de negociación incompatible, entre otros", añadió el abogado.

Dávalos no descartó querellarse también contra medios de comunicaciones y contra personeros de la entonces Nueva Mayoría, la coalición que apoyó a Michelle Bachelet.

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El hijo de Michelle Bachelet ya había señalado en enero pasado "que el caso Caval dejó hace mucho tiempo de ser un caso penal, es a todas luces un caso político donde se nos ha enjuiciado y sentenciado comunicacionalmente a mí y mi familia sin existir a la fecha juicio alguno".

El caso provocó a comienzos de 2015 la renuncia de Dávalos al cargo de director sociocultural de la Presidencia, que ostentaba en el Gobierno de su madre, cuya aprobación se desplomó desde entonces y se mantuvo en niveles del 20 %, aunque en las postrimerías de su mandato comenzó a repuntar.