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  • EFE

El empresario Joesley Batista, uno de los dueños del gigante cárnico JBS y quien puso contra las cuerdas al presidente brasileño, Michel Temer, y el exfiscal Marcello Miller serán enjuiciados por corrupción, informaron hoy fuentes oficiales.

La Justicia de Brasilia aceptó la denuncia contra Batista y Miller formulada por la Fiscalía por irregularidades en las negociaciones que dieron como resultado un acuerdo de colaboración para que ejecutivos de J&F, que controla JBS, confesasen que sobornaron a cientos de políticos, entre ellos a Temer.

Los cargos, también por corrupción, contra el exdirector jurídico de J&F Francisco de Assis e Silva, uno de los delatores, y la abogada Esther Flesch igualmente fueron aceptados.

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De acuerdo con la denuncia, el exfiscal Miller recibió una "ventaja indebida" de 700.000 reales (unos 185.000 dólares) para "orientar" a los dueños y ejecutivos de J&F para cerrar satisfactoriamente el acuerdo de colaboración con la Fiscalía General, que se rubricó en mayo de 2017.

Ese mes del año pasado, Batista, junto con su hermano Wesley, otro de los dueños de J&F, provocó todo un terremoto político al declarar a la Justicia, dentro de ese acuerdo, el pago de sobornos a cientos de políticos de todo el arco parlamentario, entre ellos al presidente Temer, a cambio de "favores" del poder.

Michel Temer, presidente de Brasil

El acuerdo de cooperación, que en principio evitó que Batista y el resto de delatores fueran a la cárcel, fue anulado por la Fiscalía General cuando se comprobó que en sus testimonios había omitido información sobre algunos asuntos, aunque la Corte Suprema ya anunció que se pronunciará sobre ello.

Batista fue preso en septiembre de 2017 por esas lagunas en sus declaraciones, pero en marzo de este año la Justicia le permitió responder al proceso en libertad con medidas cautelares.

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Con base en los testimonios de J&F, el entonces fiscal general Rodrigo Janot presentó el año pasado dos denuncias por presunta corrupción contra Temer, pero ambas fueron negadas por la Cámara de Diputados, que por mandato constitucional debe autorizar la apertura de un proceso penal contra un jefe de Estado en ejercicio del poder.