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  • EFE

Solo un número reducido de países han ratificado las principales normas impulsadas a nivel internacional para garantizar la seguridad y el trabajo decente de las personas que se dedican a la pesca, criticaron hoy representantes de la ONU.

El jefe de la Unidad marítima de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Brandt Wagner, recordó que la pesca es una actividad "peligrosa" y de alta mortalidad -las últimas estimaciones hablan de 32.000 fallecidos al año- que hace falta controlar.

Muchas veces los pescadores pasan largas temporadas aislados en el mar, sin posibilidad de recibir asistencia médica, trabajando sin contrato y con cansancio acumulado.

Otros problemas están relacionados con la limitada representación de los sindicatos, la explotación de los migrantes, el trabajo infantil o el tráfico ilegal de personas.

Según la ONU, 40,3 millones de personas se dedican a la pesca en todo el mundo, mientras que existen 4,6 millones de embarcaciones pesqueras, sobre todo en Asia.

Wagner consideró "muy importante garantizar las buenas condiciones en los barcos", para lo que en 2007 se adoptó el Convenio de la OIT sobre el trabajo en la pesca, que solo entró en vigor en 2017 tras la ratificación de diez países.

Al escaso número de partes del acuerdo se suman las dificultades posteriores de implementación y coordinación, y las diferentes interpretaciones en cuestiones como lo que deben durar las jornadas laborales o los descansos, afirmó el responsable.

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"Hay que reforzar las asociaciones de pescadores, ratificar los instrumentos e implementarlos en colaboración con las organizaciones internacionales, la industria, los gobiernos, los trabajadores y la sociedad civil", enfatizó el experto de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Felix Marttin.

Felix Marttin también resaltó que en muchos países la pesca se sigue realizando en zonas cercanas a la costa, bajo soberanía nacional, y las autoridades no se ven preparadas para asumir compromisos internacionales.

La FAO ha impulsado el Código de conducta para la pesca responsable y el llamado Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, el primer tratado internacional contra la pesca ilegal, tantas veces asociada a la explotación laboral.

En vigor desde 2016, este último actualmente cuenta con la adhesión de 54 partes y la Unión Europea (81 países en total), pero los expertos insisten en que los esfuerzos no serán suficientes mientras haya otros Estados que sigan dejando operar a los barcos pirata.

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Marttin también resaltó que en muchos países la pesca se sigue realizando en zonas cercanas a la costa, bajo soberanía nacional, y las autoridades no se ven preparadas para asumir compromisos internacionales.

Según la ONU, 40,3 millones de personas se dedican a la pesca en todo el mundo, mientras que existen 4,6 millones de embarcaciones pesqueras, sobre todo en Asia.

La jefa de Tecnología Marina de la Organización Marítima Internacional (OMI), Sandra Allnutt, detalló que, tras una serie de intentos infructuosos, en 2012 una conferencia internacional aprobó el Acuerdo de Ciudad del Cabo para mejorar la seguridad en los buques pesqueros.

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Pese a la simplificación de los trámites, solo ha sido ratificado por diez países, que representan un millar de grandes embarcaciones en alta mar, y está a la espera de sumar otras doce adhesiones para estar vigente.

Además, en 2012 entró en vigor un convenio de 1995 relativo a las normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros, que apenas han ratificado 25 países.

Según Alnutt, los países que no tengan embarcaciones seguras no formarán parte de esos pactos internacionales, por lo que "es importante reforzar sus capacidades".

Todos esos instrumentos desarrollados por agencias de la ONU regulan aspectos ya recogidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece las obligaciones de los Estados a los que pertenecen los barcos.