• |
  • |
  • END

Un fiscal boliviano involucró al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas --considerado el principal opositor al presidente Evo Morales-- y a líderes cívicos de esa región con un grupo de milicianos que presumiblemente quería matar al mandatario y escindir ese departamento del resto de Bolivia.

El fiscal Marcelo Sosa señaló que Costas y los empresarios Branko Marinkovic, Mauricio Roca y Guido Nayar --prominentes líderes regionales-- apoyaron al grupo de cinco milicianos desmantelado el 16 de abril, y que era liderado por Eduardo Rózsa, un boliviano también con nacionalidades húngara y croata, quien resultó muerto en el operativo policial.

Sosa sustentó su acusación en las declaraciones de un testigo de Santa Cruz, Ignacio Villa, quien --según medios locales-- dijo conocer las presuntas relaciones entre empresarios, políticos y la célula armada.

Según el fiscal, Villa señaló haber recibido ofertas económicas y regalos de Costas y Marinkovic para desarrollar una campaña de terror en Santa Cruz, capital de la región más rica de Bolivia y feudo de la derecha, con la colocación indiscriminada de explosivos.

“Ignacio Villa involucra a Branko Marinkovic, Mauricio Roca, Guido Nayar en una reunión en la que recibió una oferta económica de parte de Marinkovic (...); a su vez (Villa) habla telefónicamente con (el prefecto) Rubén Costas, quien le ofrece una casa y una propiedad”, afirmó el fiscal Sosa en una rueda de prensa la noche del lunes.

¿Otro Kosovo?

El gobierno de Morales salió ayer martes a reforzar la idea de un complot secesionista de Santa Cruz, que aporta el 30% del PIB boliviano, y cuyos líderes políticos, cívicos y empresariales son duros adversarios del presidente Morales, quien defiende una visión de país de corte indígena y estatista.

“El objetivo era crear otro Kosovo (región que se separó de Serbia), había esa intención, ahora está claro”, afirmó el vocero de Gobierno, Iván Canelas.

Marinkovic, rico empresario aceitero descendiente de croatas y ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz --un poderoso conglomerado político-empresarial-- negó las acusaciones y señaló que las denuncias forman parte de un montaje del oficialismo en acuerdo con el fiscal Sosa.

“Es un montaje del Gobierno, como todo lo que ha hecho”, afirmó Marinkovic, y acotó que “en este momento yo no confío en la justicia del MAS (gobernante Movimiento Al Socialismo)”, según reportó el diario El Deber.

La gobernación de Santa Cruz, por medio de su secretario General, Roly Aguilera, desestimó las acusaciones del fiscal y las consideró incluso contradictorias.

“Primero dijeron que (el grupo de milicianos) iban a atentar contra la vida del gobernador Costas, ahora dicen que él iba a financiar (a esta célula)”, afirmó Aguilera a canales locales de televisión.

En efecto, la primera versión del gobierno cuando desmanteló la célula en un operativo que dejó tres muertos y dos detenidos, es que ésta quería atentar contra Morales y contra Costas.

Dos dirigentes de Santa Cruz detenidos la semana pasada, también en relación con los milicianos, señalaron que éstos querían matar a Costas y a otro gobernador opositor para generar una situación de caos.

Las denuncias contra la elite de Santa Cruz se produjeron un día después de que el presidente Morales decidiera fortalecer la presencia militar en este departamento, con el desplazamiento de uniformados y la construcción de un megacuartel, para frenar supuestos afanes secesionistas.

Desde que asumió la presidencia, en enero de 2006, Morales ha tenido una fuerte oposición de parte de las autoridades de Santa Cruz, que impulsan de su lado un proyecto para dotarse de mayor autonomía económica y política, una iniciativa que el gobierno central combate.