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  • EFE

Los inmigrantes en situación irregular tendrán derecho a la asistencia sanitaria en condiciones iguales que los españoles, sin tener que justificar la residencia en España, si su país de origen no puede abonar esta cobertura.

El nuevo Gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, recupera así formalmente la sanidad universal en España, sin la necesidad de ser titular de la tarjeta de la Seguridad Social -algo que en España solo se podía conseguir con un contrato de trabajo- ni de estar empadronado en un municipio, según un borrador de decreto ley conocido hoy.

De la misma forma también se beneficiarían los españoles que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social, dado que se desvincula la situación laboral del derecho a la sanidad pública.

Dos semanas después de tomar posesión el nuevo Ejecutivo español anunció el 15 de junio pasado que restablecería el derecho a la sanidad universal. Para ello, derogaría la reforma de 2012 del anterior gobierno conservador del Partido Popular (PP), que dejó sin la tarjeta de asistencia a los inmigrantes en situación irregular, entonces unos 800,000.

La nueva norma deberá ser aprobada por el Gobierno y después convalidada por el Congreso de los Diputados, donde los socialistas solo disponen de 84 de los 350 escaños, así que necesitarán el apoyo de otros grupos parlamentarios.

Según el borrador citado, tendrán cobertura sanitaria las personas que se encuentran en situación regular, que son la mayoría, y las procedentes de países que no puedan sufragar esta asistencia o las que, por ejemplo, no cuenten con un seguro médico o un convenio de asistencia.

En el caso de los inmigrantes que residen en España de manera regular, serán las regiones las encargadas de fijar los requisitos y la documentación que deben aportar para obtener cobertura sanitaria.

Cuando sean irregulares, el borrador excluye la obligación de acreditar un periodo mínimo de empadronamiento de 90 días, y serán los servicios sociales regionales los que concedan, por medio de un informe favorable, el derecho a la asistencia.

La reforma sanitaria del PP generó una gran polémica social y política e introdujo también nuevos copagos farmacéuticos en función de la renta, que por primera vez afectaban a los pensionistas.

Fue aprobada pocos meses después de que los conservadores españoles llegaran al poder y empezaran a gobernar con mayoría absoluta en diciembre de 2011, en plena crisis económica.

La nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, dijo hoy que la norma que prepara el gobierno socialista constituye un "gran cambio", acogido positivamente por asociaciones defensoras de la sanidad pública y los partidos Podemos (izquierda) y Ciudadanos (liberales).

La ministra argumentó que esta "sanidad universal" no va a tener un impacto económico o sobrecoste, ya que es "mucho más gravoso" atender en urgencias, adonde sí podían acudir los inmigrantes irregulares, que en asistencia primaria.