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Líderes cívicos de Santa Cruz calificaron de complot y de intento de amedrentamiento la acusación de la Fiscalía boliviana de que el prefecto de esa región y otros prominentes dirigentes están ligados a un desarticulado grupo de milicianos, sindicados de haber querido matar al presidente Evo Morales.

La posición de la Fiscalía provocó un fuerte pronunciamiento de un comité civil-empresarial de Santa Cruz, que resolvió “condenar la actitud del Gobierno de amedrentar a los líderes autonomistas del país con este complot absurdo”.

Según las declaraciones de uno de los testigos al fiscal Marcelo Sosa, algunos de los principales líderes civiles de Santa Cruz, rica región que reclama su autonomía, estaban al corriente de la actividad del grupo de mercenarios que quería separar esa región del resto del país.

Aunque fue el fiscal Sosa, representante del Ministerio Público, quien ligó a la elite de Santa Cruz, como a su prefecto Rubén Costas, con la célula desmantelada a tiros hace tres semanas, los dardos apuntaron al Gobierno.

Un testigo clave, Ignacio Villa, reveló --según Sosa-- que Costas y el rico empresario aceitero y ex presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic, ofrecieron dinero y bienes a mercenarios para desatar una ola de violencia con la colocación de bombas en Santa Cruz.

Los cívicos, que encabezan la oposición de derecha a Morales, declararon en una publicación este miércoles el “estado de emergencia y movilización general de toda la institucionalidad”, y ratificaron que no cesarán en reclamar gobiernos autónomos, que el Ejecutivo interpreta como impulsos segregacionistas.