•  |
  •  |
  • EFE

El proceso de solicitud de extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo presentada por las autoridades de Perú a Estados Unidos puede prolongarse entre un año y medio y dos años, advirtió hoy el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio.

Antes de iniciar las celebraciones por el 197 aniversario de la Cancillería peruana, el canciller Popolizio explicó a periodistas que el trámite va "bastante bien" porque sigue su curso dentro de los tiempos normales previstos por su departamento.

Popolizio indicó que desde el 25 de mayo el expediente está en manos de los departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos, tras los tres meses que tomó traducir del español al inglés el voluminoso documento.

El ministro comentó que, una vez revisado por ambos departamentos, la solicitud pasará a un juez federal que será el encargado de fallar sobre el pedido solicitado por la Fiscalía de Perú en el marco del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Latinoamérica.

"Ha habido una serie de pedidos adicionales que han ido directamente a la autoridad central que ve esto, que es el Ministerio Público, y todo ya ha sido contestado en julio", agregó Popolizio.

El canciller peruano se pronunció sobre el estado del pedido de extradición contra Toledo después de que el diario Perú 21 publicase una serie de fotografías tomadas recientemente al exmandatario y a su esposa, Eliane Karp, en una playa de Miami.

Desde febrero de 2017, las autoridades peruanas emitieron una orden de captura internacional por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, pero esta no ha sido ejecutada por Estados Unidos, donde Toledo sigue en libertad y con residencia en California.

A Toledo, que gobernó Perú entre 2001 y 2006, se le imputan los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en agravio del Estado, sin que ninguno de ellos haya prescrito todavía.

El expresidente recibió los presuntos pagos ilícitos a cambio de adjudicar a Odebrecht la licitación de diversos tramos de la carretera interoceánica del sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta la frontera con Brasil.

Los supuestos pagos ilícitos fueron depositados en cuentas bancarias de empresas "offshore", ubicadas en paraísos fiscales, como Trailbrifde Ltd. y Merhav Overseas Limited y Warbury and Co., propiedad del empresario israelí Yosef Maiman, amigo personal de Toledo.

Esos fondos fueron supuestamente traspasados a la empresa Ecoteva, fundada en 2012 en Costa Rica por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, para pagar las hipotecas de las casas del expresidente en Lima y en el balneario norteño de Punta Sal, además de otra casa y una oficina en Lima por valor cercano a los 5 millones de dólares.

El caso Odebrecht en Perú implica los sobornos pagados por la empresa entre 2005 y 2014 y las presuntas donaciones irregulares realizadas a los principales candidatos que postulaban a la Presidencia del país.