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  • AFP

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó este lunes un proyecto que busca poner fin al millonario aporte a las Fuerzas Armadas a través de las ventas de cobre de la principal cuprífera mundial.

La "Ley Reservada del Cobre", que data de 1958 pero que fue reformada siete veces en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), establece la entrega a las Fuerzas Armadas del 10% de las ventas de la cuprífera estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre.

Este aporte fue equivalente a más de 20,400 millones de dólares entre 1990 y 2017.

La norma ha representado una ingente fuente de recursos para las Fuerzas Armadas chilenas, y ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de países vecinos, como Perú y Bolivia.

"Queremos modernizar la forma de financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas", dijo el presidente Piñera al firmar en el palacio presidencial una serie de modificaciones a un proyecto de ley ingresado durante su anterior administración (2010-2014).

La iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora debe ser analizada en el Senado con las nuevas modificaciones.

En reemplazo de la versión anterior, la nueva iniciativa de Piñera propone que el 10% de las ventas de Codelco -que produce el 11% del cobre mundial- ingresen al fisco por los próximo ocho años, para de ahí ir disminuyendo paulatinamente.

La propuesta establece, además, un nuevo esquema de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Además del presupuesto anual ordinario deberá aprobarse otro cada cuatro años, enmarcado en una Política Nacional de Defensa de 12 años.

Inicialmente, se plantea destinar al presupuesto de cuatro años un fondo de 2.600 millones de dólares, extraídos de los saldos de la actual ley reservada.

Se fija además un piso mínimo para el financiamiento de este período "calculado del 70% del monto promedio del gasto en operación y sostenimiento, así como inversiones en material bélico" entre los años 2010 y 2017, según detalló Piñera.

También se propone establecer un fondo de contingencia de 1,000 millones de dólares.

Desde que el país recuperó la democracia, en 1990, no ha prosperado ningún proyecto presentado para derogar esta ley, mediante la cual las Fuerzas Armadas chilenas financiaron la modernización de su material bélico hasta ponerse a la vanguardia en la región.