•   Caracas, Venezuela  |
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  • EFE

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, inició hoy una sesión especial en la que se espera se condene la detención del diputado opositor Juan Requesens, a quien el presidente Nicolás Maduro acusó de estar detrás del atentado en su contra el pasado sábado.

La sesión de la Cámara está acompañada por los representantes diplomáticos de varios países como Francia, España, Holanda, Inglaterra, Italia, Portugal, Argentina, Chile, Perú y Colombia, entre otros.

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La hermana del diputado detenido, Rafaela Requesens abrió la sesión con una denuncia en contra del Gobierno de Maduro al asegurar no hay noticias sobre él tras más de 38 horas de apresado.

A través de un comunicado, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) instó al Gobierno de Maduro "a cesar la represión violenta contra los ciudadanos", y aseguró que estas acciones "se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social que vive el país".



El texto de los obispos se divulga 5 días después del atentado del que el Gobierno acusa al expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y a los diputados opositores Julio Borges y Juan Requesens, a quienes la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, que no reconocen numerosos Gobiernos del mundo, les levantó ayer el fuero.

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De acuerdo con la Fiscalía del país, al menos 19 personas están involucradas en el atentado, por el que hay al menos 7 detenidos, incluido Requesens cuya familia asegura que no ha podido ver y que se encuentra "desaparecido".

Mientras que sobre Borges, quien se encuentra en Colombia, pesa una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.



En tal sentido, la CEV exigió que las investigaciones sigan "los canales propios del proceso penal llevado por los tribunales competentes", y que las detenciones que se practiquen no conlleven a "tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas".

"Invitamos a todos los grupos y vicarias de DDHH a estar atento de violaciones de derechos humanos, sistematizar todas las acciones y denunciar en las instituciones rectoras todo acto que viole el debido proceso", se añade en el documento.