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  • EFE

El Gobierno estadounidense criticó hoy las "detenciones arbitrarias" y exigió "garantizar la presunción de inocencia" de los acusados por Venezuela de participar en el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto.

"La respuesta del Gobierno de Venezuela a este incidente ha sido la detención arbitraria de varias personas y el fallo a la hora de seguir el debido proceso", señaló la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un comunicado.

Nauert reiteró la condena de Washington a "la violencia política ocurrida el 4 de agosto, y exigió al régimen de Maduro respetar el Estado de derecho, mostrar contención y garantizar la presunción de inocencia de todos los acusados".

Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado

Asimismo, la portavoz subrayó que "ha habido violaciones de la inmunidad parlamentaria, que es protegida por la Constitución venezolana" y cargó contra "el presunto uso de la tortura para obtener confesiones".

Por último, agregó que EE.UU. se "suma a la comunidad internacional en su llamamiento a la creación de una comisión de expertos independientes que investigue el incidente".

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"El Gobierno de Venezuela es responsable de la extendida inestabilidad y sufrimiento en Venezuela. El régimen de Maduro ha privado sistemáticamente a millones de venezolanos de sus derechos básicos como ciudadanos, y limitado su acceso a comida, cuidados médicos y seguridad básica", concluyó la nota del Departamento de Estado.

Maduro interrumpió el pasado 4 de agosto un acto con militares en Caracas después de que un par de drones que sobrevolaban el evento explotaran causando heridas en siete personas.

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El Ejecutivo venezolano ha asegurado que se trató de un atentado que tenía como objetivo acabar con la vida de Maduro y el mismo presidente ha culpado de este hecho al exgobernante colombiano Juan Manuel Santos, así como a los diputados opositores venezolanos Julio Borges y Juan Requesens, quien se encuentra detenido.

La Fiscalía venezolana calcula que son 34 los supuestos implicados en el atentado, mientras que el Parlamento, de mayoría opositora, acusó al jefe de Estado por las "torturas" que, aseguran, ha recibido el diputado Requesens.

Esta semana, el fiscal general, Tarek Saab, informó de que ya son 14 los detenidos, entre ellos dos militares, y se han emitido 27 órdenes de aprehensión con notificaciones de alerta roja a Interpol.