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  • EFE

El Senado de Argentina aprobó hoy y giró a la Cámara de Diputados para que siga su curso parlamentario un proyecto de ley que apunta a que el Estado pueda recuperar los bienes adquiridos con fondos de origen ilícito, como en causas por corrupción.

Con el voto a favor de 40 senadores y el negativo de 26, el Senado aprobó el texto propuesto por el bloque del Partido Justicialista - Argentina Federal (peronismo), aunque a la Cámara llegaron dos dictámenes más con el mismo fin pero con diversas variaciones, por parte del oficialismo y del peronismo kirchnerista.

El proyecto original ya fue debatido y aprobado en 2016 en la Cámara de Diputados, a la que deberá volver ahora por haber sufrido cambios en la de senadores.

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Las mayores diferencias entre el proyecto que proponía el oficialismo y el del peronismo es la retroactividad de la ley, ya que el de Cambiemos permite resolver el decomiso de bienes de causas ya en trámite, mientras que el del peronismo no.

"No podemos esperar hasta el fin de la condena hasta la extinción de dominio ya que el promedio de los procesos de corrupción o de narcotráfico en la Argentina duran unos 14 años", dijo el oficialista Federico Pinedo.

Además, el proyecto del Gobierno defendía que se dictase la extinción de dominio de los bienes a imputados que están en medio de una causa penal, lo que no contempla el dictamen aprobado, que establece que solo se declara la enajenación cuando hay condena firme.

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"No podemos esperar hasta el fin de la condena hasta la extinción de dominio ya que el promedio de los procesos de corrupción o de narcotráfico en la Argentina duran unos 14 años", dijo el oficialista Federico Pinedo.

Por su parte, el peronista Miguel Angel Pichetto destacó que en el sistema penal argentino el principio general es que las normas no son retroactivas.

Miguel Angel Pichetto

"Ninguna relación normativa puede regular cosas del pasado", sentenció, y aseguró que es necesario tener una ley justa.

El debate se inició en torno a la medianoche, tras seis horas en las que la Cámara trató y aprobó autorizar a la Justicia a allanar los domicilios de la expresidenta y senadora Cristina Fernández en una causa en la que se la investiga por supuesto cobro de sobornos durante los Ejecutivos kirchneristas (2003-2015).