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Bolivia entregó este viernes en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya una contramemoria y una contrademanda contra Chile, en el litigio por las aguas del manantial fronterizo Silala, informó el presidente Evo Morales.

El agente boliviano ante ese tribunal, Eduardo Rodríguez Veltzé, fue el encargado de entregar las dos acciones jurídicas.

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En una declaración de prensa, el mandatario dijo que su país "presentó ante la secretaría de ese Tribunal la contramemoria de Bolivia, dentro del juicio iniciado por la República de Chile sobre la naturaleza y el uso de las aguas de los manantiales del Silala".

El presidente de Bolivia Evo Morales (d), y Fernando Huanacuni, canciller de Bolivia (c). Foto: Archivo/END

Sobre la contrademanda, agregó que "le pedimos a la Corte Internacional de Justicia que juzgue y declare que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales, y los mecanismos de drenaje en el Silala, que están ubicados en su territorio y tiene el derecho soberano a decidir cómo los mantendrá".

"Bolivia tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala, que ha sido diseñado, mejorado o producido en su territorio y Chile no tiene derecho a ese flujo artificial", apuntó Morales.

Por otra parte, el canciller boliviano, Fernando Huanacuni, señaló: "Con la historia, la verdad y la justicia, hoy Bolivia presenta la contramemoria y contrademanda" ante el tribunal internacional.

Chile presentó en 2016 una demanda ante la CIJ con el argumento de que el Silala es un río internacional con derechos de agua compartidos, mientras que Bolivia sostiene que se trata de un manantial que nace en bofedales (humedales de altura) y agua subterránea en su territorio, canalizado artificialmente por los chilenos.

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Según dijo Morales, la contramemoria se basa en estudios realizados en la zona fronteriza que incluyen investigaciones "geológicas, geofísicas, hidráulicas, hidrológicas, hidroquímicas y medioambientales", que confirman que las aguas fluyen hacia territorio chileno "por la obras de canalización realizadas en el siglo pasado".

Los dos países -sin relaciones diplomáticas desde 1978- alcanzaron un preacuerdo a principios de 2011, por el que Chile pagaría por el consumo de hasta un 50% de las aguas mientras se estudiaba el origen del afluente, pero no se llegó a materializar.

El gobernante boliviano había dicho inicialmente que su país no presentaría una contrademanda. Incluso, había dicho en junio que esa decisión respondía a recomendaciones jurídicas de carácter internacional. Esa opinión motivó que su par chileno, Sebastián Piñera, respondiera que La Paz estaba reconociendo el carácter de uso internacional de los afluentes.

El canciller de Chile, Roberto Ampuero (c), en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acompañado del representante de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, Claudio Grossman (i), y Heraldo Muñoz, excanciller de Chile (i). Foto: EFE/END

Según Piñera, "Chile usa sus aguas de acuerdo al derecho internacional y tiene plena confianza en la fortaleza jurídica de su demanda ante la Corte Internacional de Justicia".

Bolivia y Chile sostienen otro litigio en la misma CIJ, luego de que La Paz presentara en 2013 una demanda para que su vecino cumpliera su histórica oferta de resolver una salida al océano Pacífico para Bolivia, que perdió ese acceso tras una guerra a fines del siglo XIX.

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El gobierno de Morales estima que el fallo respecto al acceso marítimo de ese país se produciría en los próximos meses, aunque no hay fecha oficial.

Morales, en el poder desde 2006 y con planes de postularse para un cuarto mandato en 2020, ha convertido las demandas de su país contra Chile en un eje central de su diplomacia internacional.