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  • EFE

Un total de 707 personas son procesadas actualmente por delitos de corrupción en Perú, informó hoy la juez superior Susana Castañeda, coordinadora nacional del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Sedcf).

La magistrada señaló, en un comunicado difundido por el Poder Judicial, que esa cifra incluye a cómplices en estos delitos, entre los que hay empresarios y abogados privados, según el Ministerio Público.

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Castañeda dijo que el sistema anticorrupción, que tiene competencia nacional desde el 31 de marzo de 2017, registra 26 expedientes, la mayoría de ellos en investigación preparatoria, la primera etapa del proceso judicial.

Del total, 18 figuran en ese estado, tres en la fase intermedia de control de acusación, tres ya están en juicio oral y dos en apelación de sentencia.

La magistrada agregó que al nivel de investigaciones preliminares, que aún no han sido formalizadas por el Ministerio Público, el Sedcf ha resuelto requerimientos de medidas cautelares en 60 casos.

De esa manera, fueron atendidos pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, y de las comunicaciones, así como de allanamiento, incautación y detención preliminar.

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Entre las medidas de allanamiento de inmuebles e impedimento de salida del país están las dictadas contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), dispuestas por un juez del sistema anticorrupción que investiga sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Al respecto, la información oficial indicó que los jueces del Sedcf son competentes en los casos Odebrecht, Club de la Construcción, y los aportes recibidos por la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán de la constructora brasileña.

Además, en presuntos hechos de corrupción cometidos por el expresidente regional del Cusco Jorge Acurio, y los casos conocidos como Antalsis, una organización criminal presuntamente liderada por el empresario Martín Belaúnde, y La Centralita, que involucra al exgobernador de la región norteña de Áncash, César Álvarez.

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Detalló que el último expediente ingresado al sistema anticorrupción es el de "Los Cuellos Blancos del Puerto", que involucra a 13 integrantes, entre ellos varios magistrados, quienes están siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, y otros.

"En este caso, el Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones está en la fase de deliberación para emitir su decisión esta semana, tras la audiencia de apelación a la prisión preventiva de 36 meses impuesta a los investigados", indicó Castañeda.

La magistrada dijo que ante el "estado crítico por los hechos de corrupción detectados en el sistema de justicia" el tribunal que preside considera "que es necesario pronunciarse en un plazo razonable". Sostuvo, sin embargo, que este caso es "complejo", pues la apelación tiene más de 5.000 folios, ya que fue planteada por doce de los trece investigados, durante tres sesiones.

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El colegiado, que también integran los jueces Juan Guillermo Piscoya y Oscar Burga Zamora, escuchó los alegatos de los abogados contra la prisión preventiva emitida el 18 de agosto por el titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, Manuel Chuyo.

Medios locales comenzaron a publicar en julio pasado una serie de audios que demuestran la existencia de una red de corrupción en la Judicatura, en la que se ha implicado a altos magistrados e incluso al actual fiscal general peruano, Pedro Chávarry, quien sin embargo señala que no piensa renunciar y asegura que se trata de una campaña en su contra.