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Catorce personas resultaron heridas y dos detenidas este sábado en Barcelona en la confluencia de una protesta independentista y otra de policías españoles, que conmemoraban su operativo que terminó en una violenta actuación durante el referéndum ilegal de hace un año en Cataluña.

Si bien los policías venidos de toda España reclamaban mejoras salariales, también quisieron homenajear a los agentes desplegados en 2017 para evitar el referéndum, lo que indignó a los independentistas que organizaron una contramanifestación.

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Según el ayuntamiento de Barcelona, 3,000 personas acudieron a la protesta policial y 6,000 a la separatista.

Los dividía un fuerte dispositivo de la policía regional catalana, que cargó en varias ocasiones contra los independentistas que intentaban traspasar el cordón y les lanzaban pintura y otros objetos.

También hubo pequeñas escaramuzas entre miembros de ambas protestas.

Dos personas fueron detenidas, según la policía catalana, y catorce manifestantes resultaron heridos, según los servicios de asistencia médica de la región.

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"Obviamente queremos apoyar a nuestros compañeros que el año anterior solo cumplieron su deber: defender la ley", dijo a la AFP Daniel, un policía de 31 años de las islas Baleares (este), que no quiso dar su apellido.

"Pero la protesta es para reclamar nuestros derechos y lo hacemos en Barcelona porque es una gran ciudad europea y aquí tendremos más repercusión. No venimos a provocar a nadie", añadió.

Policía Nacional y Guardia Civil, dependientes del Estado central, reclaman desde hace tiempo una equiparación salarial con las policías de Cataluña y el País Vasco, que reciben un suplemento del gobierno regional.

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"Esto depende del gobierno español, ¿para qué vienen a protestar aquí? Sólo para provocar y para celebrar que hace un año nos partieron la cara", se indignaba Manel Pérez, un transportista de 55 años en la protesta separatista.

Según el ayuntamiento de Barcelona, 3,000 personas acudieron a la protesta policial y 6,000 a la separatista. Foto: AFP/END

El 1 de octubre de 2017, el gobierno catalán dirigido por Carles Puigdemont organizó un referéndum prohibido por la justicia que estuvo marcado por la violencia policial contra los electores para desmantelarlo.

Esa votación, que según el ejecutivo regional se saldó con un 90% de 'síes' y una participación del 43%, sirvió para que el Parlamento declarara el 27 de octubre una efímera república independiente.