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Los pedidos de renuncia al Presidente de Guatemala, Álvaro Colom, se multiplicaron ayer miércoles, tras el asesinato de un abogado que en un video anticipó y acusó al mandatario de su muerte, mientras varios sectores exigieron una investigación imparcial y transparente.

Unas 1,500 personas se manifestaron en la Plaza de la Constitución, en el centro de la capital guatemalteca, para pedir justicia y la cabeza del mandatario, acusado por el fallecido --en un video grabado tres días antes de ser acribillado a balazos cuando montaba en bicicleta cerca de su casa, en la capital-- de ser, con la primera dama, los responsables de su muerte.

“Estamos aquí para defender el Estado de derecho, para defender la vida, para exigir la renuncia del Presidente”, dijo Luis Figueroa, uno de los manifestantes.

El país se ha quedado estupefacto por las acusaciones que Rosenberg deja en su video: “Si usted está en este momento oyendo o viendo este mensaje, es porque a mí me asesinó Álvaro Colom, Sandra de Colom, con la ayuda de Gustavo Alejos”, acusaba Rosenberg, asesinado el domingo.

En un país donde 98% de los crímenes quedan impunes, ahora la mayor preocupación de la sociedad guatemalteca y de los familiares y amigos del abogado asesinado es que se investiguen sus denuncias de manera imparcial y transparente.

Gobierno contra la pared
El fiscal general, Amílcar Velásquez Zárate, aseguró a la AFP que ayer mismo (miércoles) entregaría el expediente iniciado por la Fiscalía a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que trata de poner en marcha un sistema judicial independiente y eficaz.

“No tenemos ningún interés en esconder nada ni a nadie. Queremos llegar al fondo de la investigación, y para que no haya malos entendidos o señalamientos sin justificación se decidió que la Cicig se haga cargo de la investigación”, dijo Velásquez, tras entrevistarse con diferentes bancadas parlamentarias.

En un comunicado, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham) también pidió a la Cicig y a la comunidad internacional que investiguen el hecho y aclaren las denuncias realizadas.

Para ello, el director de la Cicig, el jurista español Carlos Castresana, pidió al presidente Colom, a la primera dama, Sandra Torres, y al secretario privado del mandatario que se aparten de la investigación abierta.

“He pedido personalmente al Presidente de la República que se aparte de la investigación”, afirmó Castresana en una entrevista a la radio Emisoras Unidas.

La “única petición” de la Cicig es que “se garantice una investigación que no esté sometida a presiones ni a recomendaciones de clase alguna”.

FBI en Guatemala

Por su parte, el Embajador de Estados Unidos, Stephen McFarland, anunció que ya se encuentra en Guatemala un agente del Buró Federal de Investigación (FBI) estadounidense, para apoyar a la Cicig, como había solicitado Colom.

La Premio Nobel, Rigoberta Menchú, en una carta enviada al Ejecutivo, también pidió al presidente que dé muestras concretas y ejemplares de que no se interferirán ni se obstaculizarán las investigaciones, y reclamó que se “suspenda del cargo al secretario privado de la presidencia, y de cualquier función pública, a la primera dama”.