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  • EFE

El Gobierno ecuatoriano trabaja en un Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica que incluya la creación de una unidad policial especializada en la lucha contra la corrupción, informó hoy el Ministerio del Interior.

Según la ministra del Interior, María Paula Romo, el Plan abarcará de 2018 a 2030 y tiene grandes objetivos estratégicos y metas a largo plazo.

No se trata de un plan de coyuntura, sino uno integral que va más allá de un período de Gobierno, señaló el Ministerio en un comunicado.

"Hace ocho años teníamos un indicador de homicidios intencionales con una tasa de 17 (por cada 100.000 habitantes), hoy tenemos una tasa de 5,8, el objetivo para el 2021 es 5.4.

Por eso hay que tener objetivos medibles; cantidad de recursos humanos que se destinan a cada zona", dijo Romo. Informó que al momento hay objetivos claros para el combate a conflictos específicos, como la creación de la Unidad de Policía Especializada en Lucha Contra la Corrupción.

"Así como tenemos policía especializada en delitos contra niños y niñas, en temas de narcóticos, en temas ambientales, vamos a tener policía especializada en casos de corrupción, porque ese tipo de delitos también tienen que ser sancionados y tenemos que aportar con una investigación que permita llegar a una sentencia", dijo.

Recordó que al momento todo ciudadano puede llamar a la línea 1800 DELITOS e informar sobre casos de funcionarios públicos que estén actuando fuera de la ley para obtener réditos económicos.

Formuló un llamamiento a que "denuncien a todo aquel que pida recursos o quienes estén haciendo actividades incorrectas: testaferrismo, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento injustificado (y) si conocen de alguien que de la noche a la mañana se ha enriquecido o adquirido bienes", pues de por medio puede haber un delito que se debe investigar.

Este mes, el jefe de Estado, Lenín Moreno, envió a estudio del Parlamento un proyecto denominado Ley Anticorrupción, con el que pretende facilitar la recuperación de dinero mal habido y ofrecer recompensas por información verídica, entre otros mecanismos.

Según el gobernante, su proyecto facilitará la incautación de bienes a los corruptos y buscará agilizar los procesos de repetición para cobrar a los funcionarios responsables del manejo de los bienes públicos.

Además, permitirá ofrecer una recompensa a quienes brinden información "cierta y comprobable" sobre dónde está el dinero y los bienes robados, así como proteger a los denunciantes de cualquier tipo de retaliación y de acoso.

A partir de la aprobación de la ley, quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenezcan, tendrán un plazo de noventa días para informar quiénes son los verdaderos propietarios.

"Si lo hacen en ese plazo, no serán castigados por enriquecimiento ilícito", señaló el gobernante.

En el Plan integral de Seguridad, según Romo, la mencionada unidad policial contra la corrupción se sumaría a otra que también está en planes y que se denominará Policía de Frontera.

"En otros países existe como una especialidad de la Policía Nacional y tiene sus características particulares. Nosotros nunca la hemos tenido y está dentro del Plan Nacional de Seguridad Fronteriza que se ha desarrollado junto con las Fuerzas Armadas", anotó.