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  • EFE

La ONG israelí Adalah exigió hoy al Estado "responsabilidad y enjuiciamiento de los responsables de las graves violaciones del derecho a la vida" infligidas a los palestinos, recordando que la muerte de 13 manifestantes en octubre de 2000 sigue impune y denunciando la violencia semanal en Gaza.

"Israel ignora descaradamente las leyes nacionales e internacionales", y "los tiradores israelíes continúan matando a palestinos desarmados con la aprobación del Tribunal Supremo", declaró hoy en un comunicado el Centro Legal por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah.

En octubre de 2000, en el comienzo de la segunda Intifada, 13 manifestantes -12 árabes israelíes y un palestino de Gaza- murieron por disparos de la Policía y las fuerzas especiales de tiradores del Ejército israelí.

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Hasta hoy ningún oficial ha sido juzgado por ello, y Adalah recuerda que la comisión de investigación oficial concluyó en 2003 que "debe quedar inequívocamente claro que el uso de fuego real, también por parte de tiradores, no es un medio de dispersión de masas".

A pesar de las recomendaciones, las Fuerzas Armadas israelíes "no han cambiado sus prácticas y siguen usando fuerza excesiva" contra los manifestantes, señaló el comunicado.

"El viernes pasado, las tropas israelíes mataron a 7 personas e hirieron a 257 en Gaza, de las cuales 163 lo fueron por fuego real. Entre los muertos por disparos había dos niños, de 11 y 14 años", agregó.

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Según datos de Adalah, desde el comienzo de la Gran Marcha del Retorno, el 30 de marzo, han muerto 151 personas por disparos del Ejército israelí, "incluidos 30 niños, una mujer, dos periodistas, tres paramédicos y tres minusválidos".

Al tiempo, el Ministerio de Sanidad palestino incrementa la cifra a 193 fallecidos, la mayoría en manifestaciones e incidentes violentos, además de una docena de milicianos en bombardeos contra objetivos islamistas.

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El pasado mes de abril esta misma organización solicitó al Tribunal Supremo israelí que ordenara a los militares no utilizar fuego real contra los manifestantes, pero la corte rechazó la petición.