• Buenos Aires, Argentina |
  • |
  • |
  • AFP

Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes de Argentina Néstor y Cristina Fernández (2003-2015), acudió este martes a los tribunales para declarar en la causa conocida como "los cuadernos de la corrupción", que investiga el pago de sobornos millonarios a cambio de contratos de construcción.

Máximo Kirchner se presentó por requerimiento del juez Claudio Bonadio, a quien entregó un escrito en el que criticó el procedimiento. "No existe ningún elemento probatorio que justifique tan siquiera remotamente mi citación", dice en el texto.

El hijo de Cristina Fernández se vio involucrado en la causa por declaraciones de un arrepentido, el exfuncionario José López, quien aseguró que Máximo recibió algunos de los pagos que importantes empresarios entregaron en efectivo dentro de maletines.

En su comparecencia de este martes, Máximo Kirchner manifestó dudas sobre la declaración de José López y pidió que se le permitiera revisarla.

En la causa, Cristina Fernández fue considerada como "jefa de una asociación ilícita", por lo que el juez pidió su desafuero y ordenó su prisión preventiva.

Pero la expresidenta y actual senadora no puede ser detenida debido a su inmunidad parlamentaria, aunque sí se le puede juzgar y condenar. Lo mismo aplica para su hijo Máximo, quien es diputado.

La trama de sobornos fue destapada por una serie de detallados diarios que llevó un chofer del ministerio de Planificación y que terminaron en manos de la justicia.

Máximo no puede ser detenido debido a su inmunidad parlamentaria. AFP/END.

A esas anotaciones hechas en cuadernos escolares se han sumado las confesiones de arrepentidos, la mayor parte de ellos empresarios, pero también dos exfuncionarios clave de los gobiernos kirchneristas.

Se investiga desde el primer gobierno del ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) a los dos mandatos de Cristina Fernández, finalizados en 2015.

Las tres residencias de Fernández, un departamento en Buenos Aires y sus casas de Río Gallegos y El Calafate, en la Patagonia (sur), fueron allanadas en agosto con autorización del Senado.