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Una corte ecuatoriana aplazó hoy la audiencia en la que se analiza un acción de protección solicitada por los abogados del fundador de Wikileaks, Julian Assange, informó hoy el procurador del Estado, Iñigo Salvador.

"La acción de protección presentada por el señor Assange contra el ministro de Relaciones Exteriores, ha sido suspendida por la señora jueza debido a que hemos tenido problemas técnicos de comunicación", dijo Iñigo tras una hora y media de sesión.

La acción fue presentada el pasado viernes por el abogado español Baltasar Garzón, al entender que el pliego de condiciones presentado el 13 de octubre al activista australiano supone una violación de sus derechos.

Julian Assange, fundador de Wikileaks. EFE/END

El pliego regula sus condiciones de vida en la embajada ecuatoriana en Londres, donde está asilado desde 2012 y en él se le exige mantener unas reglas básicas de higiene y limpieza, se le regulan las visitas, y se le devuelve el acceso a internet, que Ecuador le cortó en marzo por repetitivos pronunciamiento políticos que considera violaron su estatus de asilado.

Garzón cree que ese documento "unilateral" viola los derechos como asilado a Assange, quien fue nacionalizado ecuatoriano en diciembre de 2017, como vía para tratar de poner fin a su situación.

La acción de protección fue presentada contra el ministro de Exteriores ecuatoriano, José Valencia, entendiendo la defensa que él es el responsable del documento, en el que no consta ninguna firma.

Baltasar Garzón, exjuez español. EFE/END

En la audiencia de hoy Assange debía prestar testimonio por videoconferencia.

Salvador explicó que los problemas técnicos "no han podido ser solucionados inmediatamente" y que la jueza "ha considerado que es indispensable que el señor Assange participe en toda la audiencia".

Por esta razón, la magistrada "ha dispuesto el aplazamiento hasta nueva orden".

Salvador destacó en declaraciones a la prensa que en la hora y media de sesión "no se ha podido entrar a discutir el fondo del tema".

Ecuador defiende que, como país que concede el asilo, tiene el derecho y la capacidad de imponerle una reglas mínimas de seguridad e higiene.

Carlos Poveda, abogado local del australiano, aludió a problemas de "traducción" al justificar la suspensión de la audiencia.

"Hubo problemas con la traducción, no llegaba el mensaje perfecto y la visión tampoco era correcta", se lamentó.

El jurista español Baltasar Garzón (i) y el abogado Carlos Poveda (d). EFE/END

Poveda, que dijo que "no fue posible tener contacto hasta el día de hoy" con su cliente, porque "solo ayer se le dotó de un ordenador", manifestó su "satisfacción" con las actuaciones de la jueza y mostró su esperanza de que "hasta mañana" se resuelvan los problemas técnicos.

"En este momento ya se ha solventado la primera parte de la traducción. Se ha conseguido de mutuo acuerdo con la Procuraduría y la Cancillería una persona que nos colabore en este sentido y ojalá mañana estemos óptimos para la realización", apuntó.

Sobre la acción de protección en sí, explicó que consta de dos "bloques", uno de ellos "sobre el aislamiento exterior", es decir, el acceso a las comunicaciones.