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El expresidente peruano Alan García, investigado por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, reiteró hoy ser víctima de una persecución política como el argumento principal para la solicitud de asilo diplomático presentada a Uruguay.

En una carta publicada en redes sociales por su abogado, García renegó de la orden judicial que le impide abandonar Perú por 18 meses desde el sábado, la misma que inicialmente aceptó de buena forma, pocas horas antes de que se presentara en la embajada de Uruguay en Lima para pedir asilo.

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El exmandatario, que permanece en la residencia del embajador uruguayo a la espera de se resuelva su pedido, denunció sin pruebas que el Ministerio del Interior había ordenado que se le impidiese salir del país dos días antes de que se dictase la orden judicial.

Detractores de Alan García protestando frente a la residencia del embajador de Uruguay, en Lima (Perú). EFE/END

Asimismo, afirmó que el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de las investigaciones, pensaba solicitar una detención preliminar para el pasado lunes 19, que se ejecutaría cuando García acudiese a la sede de la Fiscalía a reanudar un interrogatorio suspendido cuatro días antes.

García indicó que no permitirá que se afecte su libertad sin presentar defensa y calificó de rumores los indicios que le han llevado a estar imputado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

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El líder del Partido Aprista Peruano (PAP), cuya ideología con García al mando se tornó en derecha liberal y populista, clamó en la misiva su inocencia frente a las acusaciones de haber recibido dinero ilícito de Odebrecht.

A García lo investigan por haber cobrado 100.000 dólares por una conferencia brindada en 2012 a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, aparentemente pagada desde la cuenta oculta con la que Odebrecht pagó sobornos en Perú y en otros once países de Latinoamérica.

También por ser un probable receptor de parte de los 24 millones de dólares que Odebrecht pagó en sobornos para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, pues el ejecutivo de la compañía Carlos Nostre declaró ante fiscales que 14 millones fueron para los altos funcionarios del Gobierno de García.

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En su carta, el expresidente peruano alegó que nunca supo que el dinero de la conferencia procedía de Odebrecht y señaló que ninguna declaración de los colaboradores eficaces (delatores premiados) lo involucra directamente en los sobornos del Metro.

Tanto el Gobierno peruano como organizaciones internacionales han destacado que en Perú hay independencia de poderes y no existe persecución política.

La investigación contra García se enmarca dentro del caso Odebrecht, donde también están imputados los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, además de la líder opositora Keiko Fujimori.

El Gobierno de Uruguay recibió este martes un documento del Ejecutivo peruano con la información y los argumentos por las que considera que no debe concederse el asilo a García, cuya resolución se dará en el tiempo que haga falta, según apuntó a periodistas el embajador uruguayo en Perú, Carlos Barros.

La Convención de Asilo Diplomático de 1954, suscrita por Perú y Uruguay, determina en su artículo tercero que "no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes".