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  • AFP

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este miércoles que no indultará a presos en su gobierno, en medio de críticas por posibles favorecimientos a condenados por corrupción y denuncias por malos tratos a prisioneros comunes.

Un indulto presidencial concedido por la Navidad por el gobernante Michel Temer en 2017 generó polémica al considerarse que podría haber favorecido a condenados por corrupción, según la Fiscalía General, que cuestionó el beneficio ante la corte suprema.

Temer otorgó el beneficio a quienes hubieran cumplido un quinto de la pena en caso de crímenes sin violencia o amenaza grave.

Los jueces de la máxima corte debaten esta semana la validez constitucional y las condiciones de ese indulto, un fallo que será una referencia para los futuros indultos presidenciales, tanto para el último que compete a Temer antes de dejar el cargo, como para los que podrá aplicar Bolsonaro.

"Atacar fuertemente el tema de la violencia y criminalidad fue uno de nuestros principales compromisos de campaña. Les garantizo que si hay indulto para criminales este año, ciertamente será el último", tuiteó el ultraderechista Bolsonaro.

El indulto es una atribución presidencial prevista en la Constitución que se aplica siguiendo condiciones puntuales como buen comportamiento y cumplimiento de parte de la pena o temas de salud. No son contemplados personas que cometieron crímenes graves o violentos.

"No es un cheque en blanco, no se trata de liberar grandes criminales, sino que atiende a un perfil específico de alguien que está en condiciones de volver a la sociedad", explicó a la AFP Rafael Custodio de la ONG Conectas.

Custodio agregó que de ser ejecutada la decisión de no conceder indultos sería sin precedentes en la historia democrática brasileña. Para el portavoz de la ONG los indultos permiten descongestionar las abarrotadas cárceles brasileñas.

Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo, con 726.712 reclusos, según los últimos datos oficiales, divulgados en 2016. La cifra casi duplica la capacidad penitenciaria del país, calculada ese año en 368.049 plazas.

"Bolsonaro no promete alternativas contra la violencia y criminalidad que no sean antiguas y desfasadas, que no dan resultado. Brasil tiene récord mundial de homicidios y al mismo tiempo una de las mayores poblaciones carcelarias del mundo. Si la prisión resolviese algo, Brasil tendría menos violencia", comentó Custodio.

En una de sus primeras entrevistas después de la elección de octubre, Bolsonaro, que es partidario de las políticas de encarcelamiento, dijo que "si no hay recursos [para ampliar las prisiones], amontona [presos]".

Tortura física y psicológica

Las cárceles brasileñas son escenarios constantes de motines, peleas y fugas, principalmente motivadas por hacinamiento, condiciones precarias y peleas entre facciones rivales.

Este miércoles, un departamento del Ministerio de Derechos Humanos divulgó un informe sobre las condiciones en tres cárceles de los estados Rio Grande do Norte, Roraima y Amazonas (norte de Brasil), escenarios de masacres en los dos últimos años.

En Alcaçuz, en Rio Grande do Norte, los presos están siendo sometidos a torturas y grave violencia física y psicológica con "serias semejanzas" a las que sufren reclusos de la internacionalmente conocida prisión Abu Ghraib, en Irak, según los peritos.

De acuerdo con el informe, hay indicios de desaparición forzada, humillación, uso desproporcionado de fuerza, anulación psicológica, desnudez, golpes, dedos fracturados y asfixias en la prisión en donde 26 presos murieron en una masacre en enero de 2017.

En la Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo, en Roraima, fueron registradas condiciones insalubres y evidencias de malos tratos. El informe destacó la presencia no contabilizada de extranjeros, en su mayoría venezolanos, por tratarse de un estado fronterizo con Venezuela, desde donde cientos de inmigrantes cruzan a diario hacia Brasil.

En la prisión Anisio Jobim, en Amazonas, donde 56 presos murieron en una masacre en 2017, también fueron constatadas condiciones precarias de reclusión.