•   Lima, Perú  |
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  • EFE

Los peruanos votarán esta domingo en referéndum si aceptan o rechazan cambios en la Constitución para introducir reformas políticas y judiciales impulsadas por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y aprobadas por el Congreso, con el objetivo de reforzar la lucha contra la corrupción:

1.- FORMACIÓN Y FUNCIONES DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

La Junta Nacional de Justicia será la nueva denominación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), un órgano independiente encargado de nombrar, reemplazar o cesar a jueces y fiscales.

Los anteriores integrantes del CNM fueron destituidos y están investigados por presuntamente ser parte de la amplia red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que participaban magistrados, políticos y empresarios.

La nueva Junta Nacional de Justicia tendrá igualmente siete miembros, pero estos serán elegidos por concurso público, en un proceso a cargo de una comisión que presidirá el defensor del Pueblo y donde también estarán los presidentes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y el Fiscal de la Nación (fiscal general).

2.- PENALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS

Esta reforma penaliza la financiación ilícita de los partidos, a los que obliga a ingresar en el banco cualquier donación privada con el objetivo de hacer más transparente su contabilidad y facilitar la verificación y el control.

Con ello se quiere evitar casos como los millonarios aportes de la constructora brasileña Odebrecht a las campañas de los principales líderes políticos, los mismos que presuntamente fueron ocultados por los partidos bajo distintas modalidades.

Por esta supuesta falta de transparencia, la líder opositora Keiko Fujimori está actualmente en prisión preventiva, imputada por un presunto lavado de activos, mientras que también se investiga a los expresidentes como Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

La nueva norma establece, además, que la propaganda electoral de las campañas se hará en radio y televisión con financiación estatal y de manera proporcional, con espacios iguales para todos y ya no en función del último resultado electoral.

3.- NO REELECCIÓN DE CONGRESISTAS

Hasta ahora los congresistas son las únicas autoridades de Perú que pueden ser reelegidas consecutivamente y de manera indefinida, al contrario que el presidente, los gobernadores regionales y los alcaldes, quienes están impedidos por ley para renovar sus respectivos mandatos de manera inmediata.

El planteamiento para evitar que los congresistas se perpetúen en el cargo se produce en medio de un fuerte rechazo ciudadano hacia el Congreso, donde las encuestas señalan que más del 50 % de la población está a favor de que el presidente disuelva constitucionalmente la cámara y convoque a elecciones legislativas.

La impopularidad de los congresistas es mayor desde que el parlamento está dominado con mayoría por el fujimorismo, que no solo forzó la dimisión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sino que lo hostigó constantemente con repetidas censuras a sus ministros.

A esa animadversión popular también contribuyen recientes declaraciones como las de la vicepresidenta del Congreso, la fujimorista Leyla Chihuán, quien afirmó que su sueldo de 15.600 soles (unos 4.700 dólares) no le alcanza para sus gastos, cuando el sueldo mínimo en el país es de 930 soles (unos 280 dólares).

4.- PARLAMENTO BICAMERAL

Desde que el expresidente Alberto Fujimori dio su 'autogolpe' de Estado en 1992, en el que cerró el parlamento y formuló una nueva Constitución, el Poder Legislativo de Perú quedó reducido a una única cámara, el Congreso.

Esta pregunta de la reforma plantea recuperar la cámara de senadores, con una composición de 50 miembros, y la cámara de diputados, que mantendrán los 130 integrantes del actual Congreso.

Sin embargo, juristas y analistas han alertado que los congresistas incluyeron una precisión semántica en un intento de eludir la reforma que les impide ser reelegidos de manera inmediata.

Así, aunque el texto indica que los legisladores no pueden ser elegidos para el mismo cargo consecutivamente, al cambiar el nombre de Congreso por el de Parlamento, quedarían habilitados para postular en la siguientes elección, en la que no se elegirá a congresistas, sino a diputados y a senadores.

En esta consulta, los legisladores también incluyeron un planteamiento que limita la facultad del presidente para cerrar constitucionalmente el Congreso, a pesar de que esta propuesta ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional.