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La firma brasileña Odebretch fue obligada este jueves a pagar 800 mil millones de pesos colombianos, equivalentes a 250 millones de dólares en concepto de multa al Ministerio de Transporte, tras un fallo de la justicia colombiana sobre un recurso judicial interpuesto el procurador Fernando Carrillo en enero de 2017.

El fallo declaró la suspensión definitiva del contrato de Concesión No. 001 de 2010 de la Ruta del Sol, así como de todas sus adiciones y modificaciones, pero también tiene serias implicaciones para quienes hicieron parte de ese entramado.

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El escándalo de Odebrecht se avivó el mes pasado luego de que Noticias Uno emitiera una entrevista grabada en agosto con el ingeniero Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el caso, en la que aseguró que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía desde 2015, antes de estar en el cargo, las irregularidades de la brasileña.

El fallo tendrá repercusiones también en Episol, filial del Grupo Aval, dueño del BAC de Nicaragua.

Pizano falleció el pasado 8 de noviembre de un paro cardíaco y tres días después su hijo, Alejandro, también murió luego de beber una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre y que contenía cianuro.

La constructora brasileña Odebrecht está en el corazón del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil y ha tenido implicaciones en varios países de América Latina.

Luego de que el procurador Carrillo interpusiera en enero de 2017 una acción popular para que se suspendiera definitivamente el contrato de la Ruta del Sol 2 que Odebrecht y su socio Episol, filial de Corficolombiana, obtuvieron pagando sobornos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo histórico. 

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En una sentencia de 366 páginas el Tribunal le dio la razón al Ministerio Público y estableció una multa sin precedentes contra varios de los implicados en el escándalo. 

Por su parte, CSS Constructores no solo se le suma este problema, pues su fundador Carlos Solarte, y su hija Paola Solarte, son procesados por el caso Tunjuelo-Canoas.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró responsable “debido a la comisión de actos de corrupción” que vulneraron los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso de servicios públicos y a la libre competencia económica a las sociedades Concesionaria Ruta del Sol, Odebrecht, Episol -filia de Corficolombiana-. 

Asimismo, al exviceministro Gabriel García Morales, al expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, al lobista Otto Bula y a los exdirectivos de la multinacional brasileña en Colombia Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, por su participación en los hechos.

Asimismo, se levantaron las medidas cautelares, con excepción a los embargos, pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca los mantendrá “hasta tanto se verifique el pago de las condenas impuestas y se harán efectivas en relación con las cuentas bancarias, bienes inmuebles y dividendos” de todas las empresas y personas implicadas. Es decir, hasta que se salde la deuda de $800.000 millones. 

A la ANI, la corporación le ordenó que cualquier saldo que resulte a favor de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol como producto de la liquidación del contrato en el marco del Tribunal de Arbitramento, o cualquier otra modalidad de arreglo, quede como parte del pago de la deuda.

Inhabilitda

El Tribunal inhabilitó a Odebrecht, Episol, CSS Constructores y a las personas naturales por 10 años para proponer y celebrar contratos con entidades estatales a todos los implicados en el caso.

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Es decir, que Odebrecht no tendría ninguna posibilidad de participar en la licitación de la construcción del metro de Bogotá, como hace unos meses lo insinuó su directora en Colombia.

Por su parte, CSS Constructores no solo se le suma este problema, pues su fundador Carlos Solarte, y su hija Paola Solarte, son procesados por el caso Tunjuelo-Canoas.

Una de las grandes dudas que provocó esta decisión es qué pasará con los proyectos de las 4G, pues tanto Episol como CSS Constructores son socios en varias de las principales obras. Nada más Episol está presente en proyectos como la vía a Villavicencio -donde se cayó el puente Chirajara- y Mulaló-Loboguerrero, otro corredor estratégico. 

Por su parte, CSS Constructores no solo se le suma este problema, pues su fundador Carlos Solarte, y su hija Paola Solarte, son procesados por el caso Tunjuelo-Canoas.