•   Brasil  |
  •  |
  •  |
  • EFE

Unos 300 agentes de fuerzas federales comenzaron a desplegarse hoy en el estado brasileño de Ceará, que esta semana ha sido sacudido por una ola de vandalismo que pudo ser orquestada por bandas que operan desde las cárceles.

El despliegue de las tropas de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública en esa región del noreste fue autorizada por el Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tras decenas de ataques incendiarios que las autoridades locales temen que puedan ser una respuesta a medidas para endurecer las normas en las cárceles.

 Brasil hará reformas a pensiones

Esas medidas fueron anunciadas esta semana por el gobernador de Ceará, Camilo Santana, y apuntan a reforzar los controles internos a fin de restarle poder a bandas delictivas cuyos jefes actúan en el interior de los presidios, con cientos de cómplices en las calles.

Los ataques en varias regiones de Ceará, incluida la turística ciudad de Fortaleza, capital regional, no cesaron después de que este viernes se anunciara el envío de las tropas federales.

Los ataques en varias regiones de Ceará, incluida la turística ciudad de Fortaleza, capital regional, no cesaron después de que este viernes se anunciara el envío de las tropas federales.

Según las autoridades locales, esta madrugada fueron lanzadas bombas incendiarias contra el estacionamiento de un centro comercial en Fortaleza y hubo otros ataques en el interior del estado.

 Bolsonaro sugiere que Estados Unidos podría tener una base militar en Brasil

Uno de ellos ocurrió en la ciudad de Caucaia, donde un camión que transportaba unos 2.000 pollos vivos fue incendiado. El conductor del vehículo fue sometido por los asaltantes, que lanzaron una bomba incendiaria que redujo a cenizas tanto el camión como las aves.

 ​Jair Bolsonaro destituirá a funcionarios con ideales comunistas

Fortaleza fue una de las ciudades afectadas el año pasado por una guerra de mafias carcelarias rivales que dejó más de un centenar de muertos en las prisiones. La situación en esa región del noreste supone la primera prueba para las políticas de seguridad de Bolsonaro, el ultraderechista que asumió el poder el pasado 1 de enero y que, en su campaña electoral, tuvo entre sus principales banderas el endurecimiento del combate al crimen, que en Brasil causa anualmente unas 60.000 muertes.