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A 134 se ha elevado este jueves la cifra de fallecidos por la explosión de una toma clandestina en un oleoducto en Tlahuelilpan el pasado 18 de enero, informó el gobierno del estado mexicano de Hidalgo, en el centro del país.

Una persona que resultó herida falleció este día a raíz de las heridas sufridas en la explosión, indicó el gobierno de Hidalgo en un comunicado.

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Las autoridades del estado confirmaron que todavía se encuentran nueve personas bajo atención médica en los hospitales, una en estado de extrema gravedad, dos en condición grave, tres con reporte delicado y tres más estables.

En el sitio de la explosión en Tlahuelilpan, perdieron la vida 68 personas, y el resto de los fallecimientos ha ocurrido en los hospitales a donde fueron trasladados, incluidos tres menores que fueron llevados a Galveston (Texas, EE.UU).

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Sólo cinco de los heridos que fueron hospitalizados por la explosión han recibido el alta médica.

Las autoridades judiciales de Hidalgo mantienen abiertas un total de 69 investigaciones en relación las personas que no han sido identificadas o que fueron declaradas desaparecidas por sus familiares tras haberlas visto en el lugar de la explosión.

A 134 se ha elevado este jueves la cifra de fallecidos por la explosión. EFE/END

Se han practicado pruebas de ADN a alrededor de 150 personas con fines de identificación de los fallecidos.

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El pasado 18 de enero, un grupo de pobladores de Tlahuelilpan reventó un oleoducto de hidrocarburo y comenzó a sacarlo, de una forma muy rudimentaria, en botes y otros recipientes.

Al cabo de dos horas, y pese a la presencia del Ejército, que poco pudo hacer para controlar a los centenares de personas que se acercaron a recoger gasolina, se registró una fuerte explosión.

La explosión se dio en el marco de la estrategia lanzada el 21 de diciembre pasado por el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador contra el robo de hidrocarburos a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

El gobierno mexicano calcula que este robo de combustibles le costó al país 65.000 millones de pesos (unos 3.400 millones de dólares) tan solo en 2018.

Las autoridades reforzaron la vigilancia de oleoductos con miles de agentes de seguridad, modificaron el método de transporte de gasolina para usar camiones cisterna, lo que generó en los primeros días una crisis de abastecimiento en diez estados del país.