•   Washington, Estados Unidos  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

El Gobierno de EE. UU. anunció este lunes que los cubano-estadounidenses podrán demandar a más de 200 entidades de Cuba por supuestamente beneficiarse de propiedades que fueron expropiadas tras la Revolución cubana, pero no llegó a autorizar denuncias contra compañías extranjeras.

La acción de EE. UU. tiene un gran contenido simbólico y podría elevar la hostilidad bilateral, pero no supone un revés tan fuerte como temían algunos sectores de la isla y de Estados Unidos.

En un comunicado, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, explicó que mantendrá suspendido durante un mes más el título III de la ley Helms-Burton, lo que en la práctica impide reclamar ante cortes de EE. UU. propiedades que fueron confiscadas tras la revolución de Fidel Castro.

Sin embargo, Pompeo incluyó una excepción: a partir del 19 de marzo, los cubano-estadounidenses podrán denunciar a compañías incluidas en la conocida como "lista de restricciones a Cuba".

Esa "lista negra" incluye entidades que están "bajo el control o actúan en nombre" de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, según el Departamento de Estado.

En el listado, actualizado por última vez en noviembre de 2018, aparecen 205 entidades que van desde instituciones como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias hasta la cadena cubana de establecimientos turísticos Gaviota y establecimientos de ese grupo, como el Meliá Marina Varadero.

En Cuba muchos de los hoteles son propiedad de empresas controladas por las Fuerzas Armadas y gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras, como el grupo Meliá, con sede en España.        

No aplica a europeas

Ante esta situación, EE. UU. ha determinado que solo podrán interponerse denuncias contra la parte cubana que es propietaria de la entidad y que está incluida en esa "lista negra"; pero no contra las compañías europeas que participan en esa sociedad, detalló a la prensa una alta funcionaria del Departamento de Estado.

Cuando la norma se aprobó hace 22 años, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron ferozmente al título III porque temían que sus compañías fueran demandadas en EE. UU.; y, por ello, la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La batalla concluyó con el compromiso de EE. UU. de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella.

En 1996, la presión de terceros países frenó la aplicación del título III, pero esta vez la decisión de EE. UU. solo afecta a empresas cubanas, por lo que es difícil que se repita ese escenario.

Según la funcionaria, EE. UU. ha tenido en cuenta "las preocupaciones" de sus "aliados" de la Unión Europea y continuará dialogando con ellos sobre la relación con Cuba.

No obstante, la funcionaria insistió en que el objetivo es aumentar la presión sobre el Gobierno cubano.

Reacción en cuba

En La Habana, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó este lunes la decisión del Gobierno de EE. UU. de suspender  solo por un mes y con limitaciones una norma que permitiría a cubano-estadounidenses reclamar propiedades en la isla confiscadas hace más de cinco décadas.

"Rechazo enérgicamente anuncio del Dpto. de Estado #EE.UU. de autorizar demandas, bajo Título III de la Ley Helms-Burton, contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gobierno de Trump", publicó el ministro de Exteriores en su cuenta de Twitter.

Rodríguez también envió un mensaje de tranquilidad a los países y empresas que operan en Cuba al asegurarles que cuentan con "las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos" y "tienen como respaldo las leyes cubanas, el derecho internacional y las leyes de sus propios países".

Los tuits responden al comunicado del secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, que horas antes anunció que mantendrá suspendido durante un mes más el título III de la Ley Helms-Burton.

El título III, que permitiría a los cubano-estadounidenses reclamar ante cortes de EE. UU. sus propiedades que fueron nacionalizadas tras la Revolución de 1959, nunca se ha aplicado desde su promulgación hace 23 años, ya que generaría una compleja maraña de litigios internacionales con empresas de diversos países que operan en Cuba.