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Entre 30 y 40 diplomáticos de Estados Unidos y los países que integran el Grupo de Lima abandonaron este miércoles la Asamblea General de la ONU cuando el canciller venezolano, Jorge Arreaza, tomó la palabra el martes, constató la AFP.

El Grupo de Lima está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía.

Arreaza hablaba en nombre del Movimiento de Países No Alineados en el primer día mundial del multilateralismo, pero pocos diplomáticos quedaron en la enorme sala para escucharlo.

En su discurso, el canciller acusó a Estados Unidos de querer “imponer la dictadura” en la ONU y “de manera descarada pretender expulsar o desconocer las credenciales de Estados miembro con pleno derecho como Venezuela”. “Eso es excluyente e inaceptable”, sostuvo Arreaza.

Un portavoz de la misión de Estados Unidos ante la ONU confirmó que diplomáticos estadounidenses se fueron de la reunión cuando Arreaza comenzó a hablar.

El embajador peruano ante la ONU, Gustavo Meza Cuadra, dijo luego a periodistas que el objetivo del boicot fue demostrar el rechazo “al representante del régimen ilegítimo de Venezuela”, que “no representa al pueblo”.

Venezuela atraviesa la peor crisis de su historia moderna, con una hiperinflación prevista en 10,000,000% este año y una escasez de bienes básicos que ha provocado la migración de más de 2.7 millones de personas desde 2015, según la ONU.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió hace dos semanas a la ONU que reconozca al líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela, y exigió la partida del “dictador” Nicolás Maduro, que se aferra al poder con el apoyo de Rusia y China.

Guaidó, presidente del Parlamento controlado por la oposición, ya es reconocido por Estados Unidos y más de 50 países como presidente encargado de Venezuela.

Estados Unidos anunció que presentará un proyecto de resolución ante los 193 países de la Asamblea General de la ONU —donde no se aplica el veto— para que Guaidó sea reconocido como presidente interino.

El Grupo de Lima, creado en 2017 para abordar la crisis política en Venezuela, busca asimismo que la ONU acepte a un representante de Guaidó.

“Este es un tema que se ha manejado (...) de manera progresiva”, dijo Meza-Cuadra. Así como ha ocurrido en la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “debería ocurrir en otros foros internacionales”, añadió.

Almagro pide más sanciones

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió el miércoles más sanciones económicas y un eventual uso de la fuerza para resolver la situación en Venezuela, un proceso que estimó “difícil”.

Fotografía cedida por la ONU donde aparece su secretario general, António Guterres (d), mientras saluda al canciller venezolano, Jorge Arreaza (i) EFE/END

Venezuela, sumida en una debacle económica sin precedentes en la historia reciente de la región, vive desde enero un pulso por el poder entre el jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Estados Unidos y más de 50 países, y el mandatario Nicolás Maduro, aferrado al cargo con apoyo de los militares y de Rusia y China.

Almagro, que apoya la transición hacia nuevas elecciones propuesta por Guaidó, dijo al participar en un foro en Washington que la comunidad de naciones debe apelar a todas las herramientas disponibles en el marco del derecho internacional para “restablecer la democracia” y atender “la crisis humanitaria” en Venezuela.

“La decisión de permitir que narcodictadores permanezcan en el poder es escandalosa (...) y debemos pensar en algunos instrumentos de derecho público internacional, como la intervención humanitaria bajo la ‘responsabilidad de proteger’, para enfrentar el caso venezolano”, dijo.

“Simplemente no podemos dejarlo como está”, afirmó, en el encuentro organizado por el Centro Brandemas de la Universidad de Nueva York, en Washington DC.

La “responsabilidad de proteger”, o R2P (por su sigla en inglés), es un compromiso político asumido en 2005 por Naciones Unidas para prevenir graves violaciones a los derechos humanos. Después de la mediación y las sanciones económicas, incluye un recurso final: el uso de la fuerza, que solo puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Almagro, que ya llamó meses atrás a cumplir con este compromiso, pero rechazando “inequívocamente” un “ataque armado ilegal”, insistió este miércoles con la opción de una intervención humanitaria bajo los términos de la R2P. 

El secretario de la OEA afirmó que negarle esta posibilidad al pueblo venezolano no solo es “política y éticamente inaceptable”, sino “contra la ley”.

“No debemos dudar al respecto”, dijo, e instó a aplicar esta herramienta “de la manera correcta”.

“No es un proceso simple” 

Almagro también se pronunció a favor de incrementar las sanciones al gobierno de Maduro, ya alcanzado por amplias medidas punitivas de varios países, en particular de Estados Unidos.

“Panamá es el único país latinoamericano que ha aplicado sanciones. Necesitamos a todos los países latinoamericanos”, dijo, y recordó que en mayo pasado, al desconocer la reelección de Maduro, las naciones de Latinoamérica y Canadá que conforman el Grupo de Lima aprobaron un “muy fuerte paquete” de medidas.

Según Almagro, las sanciones aplicadas hasta ahora “han sido muy precisas y realmente han afectado lo peor de las actividades criminales de la dictadura venezolana”.