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  • EFE

La llamada "crisis de los opiáceos", que ha castigado con dureza a Canadá y Estados Unidos, no respeta fronteras y requiere de una acción decidida y urgente de los gobiernos porque "hay motivos para la alarma", coincidieron expertos reunidos en la HR19 que se celebra en la ciudad lusa de Oporto.

La "crisis de los opiáceos" centró hoy parte de la segunda jornada de la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños (HR19) y reveló la gravedad de una "epidemia" que se está cobrando miles de vidas, generalmente por sobredosis, entre los consumidores de substancias sintéticas derivadas del opio, y la necesidad de buscar terapias sustitutivas y autorizar salas de administración supervisada.

"Hay razones para la alarma internacional", aseguró la doctora canadiense Lyndsay Mackay. La facilidad para la producción y el transporte de este tipo de drogas sintéticas, como el fentanilo, convierten el problema en "internacional" porque "el mercado de la droga no tiene fronteras".

Mackay tiene una dilatada experiencia en el tratamiento de adicciones por opiáceos.

El uso de fentanilo provocó una crisis de salud pública en Vancouver, con más de 8,500 muertos entre 2016 y 2017.

Imagen referencial. ARCHIVO/END.

El fentanilo, en su forma ilegal, puede ser entre 50 y 100 veces mas potente que la morfina, según los Institutos Nacionales de Salud.

La alarma prendió y se buscaron alternativas, como el uso de salas de consumo supervisadas para la administración de hidromorfona, un opiáceo inyectable que se utilizó como sustitutivo para usuarios de este tipo de sustancias ilegales, combinado con metadona y bajo supervisión médica.

Los resultados en estos centros abren una puerta a la esperanza: "Los pacientes, se estabilizan, consumen menos drogas, disminuye la criminalidad, abandonan el trabajo sexual y encuentran vivienda y empleo".

"La adicción es un desorden muy complicado, es una condición crónica y debe ser tratada, no hay otra opción", insistió Mackey, para quien el primer paso es "reducir la estigmatización" de los usuarios de droga.

Imagen referencial. ARCHIVO/END.

"Es algo que tenemos que tratar juntos, como sociedad, dar apoyo a estas personas cuando se encuentran en un punto realmente difícil de sus vidas", agregó.

El problema es especialmente grave en Estados Unidos, donde la llamada "epidemia de los opiáceos" deja unos 200 muertos diarios por sobredosis.

Para frenar esta crisis, expertos -como el epidemiólogo Barrot Lambdin- reclaman la legalización de salas de consumo asistido y la aprobación de terapias como la naloxona, una sustancia que evita la muerte por sobredosis.

Lambdin explicó hoy el caso de una sala, no legal, que ha funcionado durante cuatro años en Estados Unidos con resultados contundentes: 540 usuarios, con 26 casos de sobredosis que se revirtieron con naloxona y ninguna víctima.

De no haber podido usar la sala, el 90 por ciento se habría inyectado en la calle, en baños públicos, en estacionamientos o parques.

Imagen referencial. ARCHIVO/END.

La iniciativa forma parte del Servicio de Consumo Supervisado (SCS), dirigido a usuarios de drogas inyectables, pensada para reducir el número de muertes por sobredosis y transmisión de enfermedades infecciosas, que cuenta con un centenar de salas en once países y que en Estados Unidos no está reconocido legalmente.

Al éxito de la naloxona se refirió también Kirsten Horsburgh, miembro del Fórum Escocés de Drogas, que detalló los beneficios de un programa puesto en marcha en Escocia que ha permitido rebajar la mortalidad por sobredosis y entrenar a funcionarios de prisiones y policías para colaborar en la administración de esta sustancia en caso necesario.

La naloxona permite salvar vidas y reducir la mortalidad, pero, lamentó la experta, no está autorizada en la mayoría de los países. "Si los gobiernos están efectivamente empeñados en combatir la crisis de opiáceos y mejorar la salud de la comunidad, deben invertir en la reducción de riesgos.

La evidencia es irrefutable", advirtió Naomi Burke-Shyne, directora ejecutiva de la HR19. Si no se favorece "la reducción de riesgos, aumentará la amenaza que la crisis de los opiáceos representa para la salud pública y la seguridad", concluyó.